La consejera valenciana de Política Territorial, Rebeca Torró.
Comunidad Valenciana El PP denuncia «trato de favor» en la compra de material sanitario a una empresa amiga de una consejera de Puig
El escrito se ha presentado ante la Agencia Valenciana Antifraude para esclarecer los sobrecostes de 6,8 millones en un contrato de 43
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha presentado formalmente ante la Agencia Valenciana Antifraude una denuncia para que este organismo independiente investigue un contrato de compra de material sanitario durante la pandemia «más que dudoso».
En concreto, el escrito hace referencia a una transacción de 43 millones de euros con fecha de marzo de 2020 mediante la cual la administración autonómica se abastecía de artículos para hacer frente al covid-19 como mascarillas, guantes o gafas protectoras.
Según ha explicado el diputado Nando Pastor, han llegado a este extremo para saber -puesto que el tripartito se niega en redondo a crear una comisión de investigación- si hubo «sobrecostes millonarios» en la adjudicación de dichas compras a una empresa con cuyos «gestores presume» de tener amistad la consejera de Política Territorial, Rebeca Torró.
En opinión del popular, sí «parece que los hubo». Sin embargo, el PP quiere ir más allá y dilucidar otros aspectos significativos.
«Intermediación política»
Así, también pretenden que se sepa que, en caso de que dichos sobrecostes hubieran existido, si pudieron ser «fácilmente evitables».
En relación a Torró, la denuncia presentada insta a Antifraude a investigar sobre si «hubo amigos del Gobierno valenciano en la adjudicación de esos contratos» y, del mismo modo, si se llegó a producir algún tipo de «intermediación política» para que la relación mercantil se terminase produciendo.
Más allá de la amistad reconocida de la consejera socialista con el gerente de la sociedad suministradora de material sanitario, a Pastor le asaltan otras dudas.
Una de ellas es por qué se adjudicó un contrato de 43 millones de euros, «el más importante» de la pandemia, a una sociedad cuyo capital social era de 3.000 euros: «Esas eran las garantías» ha ironizado el popular.
Asimismo, destaca que esa firma «jamás había contratado antes con la Administración y después de ese contrato no lo ha vuelto a hacer».
Respecto al objeto social, Pastor señala que «nada tenía que ver con la compra de material sanitario».
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto a la consejera de Política Territorial, Rebeca Torró.
Las sospechas del PPCV no se limitan a esos hechos, sino que continuan.
Frente al modus operandi llevado a cabo con otros contratos «millonarios y no millonarios» durante la pandemia, Pastor resalta que la empresa beneficiaria fue «la única, curiosamente, a la que se le anticiparon los pagos». Lo mismo sucedió con «los portes marítimos y aéreos, los seguros de los materiales y los costes aduaneros».
«Nosotros no dudamos. Nos da a entender que ha habido trato de privilegio y de favor a esa empresa», puntualiza Pastor.
En cuanto al responsable de la sociedad, el parlamentario afirma que desde el tripartito se le presenta como «un intermediario». Frente a ello, el PP no tenía «nada que objetar» porque el hombre «tendría derecho a unos honorarios en concepto de intermediación».
Sin embargo, el problema surge cuando este empresario, de origen chino, «acaba siendo el proveedor directo de la Generalitat Valenciana». Ahí es donde Pastor advierte que pueden surgir unos «sobrecostes elevadísimos» que, tan solo en cuatro partidas del contrato en cuestión, alcanzarían los «6,8 millones de euros».
Para calcular ese desfase, la denuncia del PP se apoya, tal como ha incidido su diputado, tomando como referencia otras compras del Gobierno regional «en las mismas fechas y el mismo producto».
«No estoy yéndome a buscar a Galicia, Andalucía o el País Vasco cómo compraron. La misma Generalitat Valenciana, las mismas fechas y el mismo producto», hace hincapié Pastor.
Por último, acerca de si su formación se plantea acudir a la Justicia, el parlamentario ha indicado que ellos van «paso a paso» y ha destacado que la Agencia Valenciana Antifraude tiene «capacidad para poner luz y taquígrafos».
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