Los presidentes autonómicos de Cataluña, Pere Aragones (i) y de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig
Comunidad Valenciana El catalanismo en la Comunidad Valenciana denuncia a administraciones y empresas para arrinconar el español
Diversas asociaciones secesionistas subvencionadas amedrentan a instituciones y a negocios privados ante el uso del castellano y una supuesta discriminación del valenciano
Una parte del arco político español está instalada en la intolerancia hacia posiciones distintas a las suyas. Esta concepción de la vida pública conlleva una triple consecuencia: ataques feroces al discrepante, amenazas e imposición de lo considerado como ‘bueno’ y ‘aceptable’ socialmente.
Orgulloso abanderado de ello es Unidas Podemos (UP) sobre quien la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ya alertó en 2017 de organizar una «campaña sistematizada» de «acoso personal y en redes» a periodistas a quienes «amedrenta y amenaza» cuando está en desacuerdo con sus informaciones.
El fondo y las formas los comparten los partidos nacionalistas, que para eso son vasos comunicantes de UP. Más allá del dogma nada bueno existe y, como ante todo se debe preservar la ideología, utilizar métodos parecidos a los de los 'morados' está más que justificado.
Ejemplos al respecto los hay por doquier en Cataluña o País Vasco. Sin embargo, en los últimos años estos casos se han multiplicado en regiones como Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, siendo consecuencia directa de la connivencia de sus respectivos presidentes autonómicos, Francina Armengol y Ximo Puig.
Respecto a este último, ni él ni otros dirigentes como el alcalde levantino, Joan Ribó, han mostrado el más mínimo reparo a la hora de subvencionar a entidades independentistas para que, regadas con millones de euros del erario público, vayan haciendo calar los postulados catalanistas en la Comunidad.
Denuncias sin concretar
Durante ocho años, tanto Compromís como el PSPV-PSOE han ido alimentando a un monstruo. Este ya está cebado y se encuentra en una posición de fuerza que, incluso, le permite poner los puntos sobre las íes a aquellos que les han pagado.
De este modo, diversas entidades separatistas como Plataforma per la Llengua –autodenominada la «ONG del catalán»– o Escola Valenciana, entre otras, han denunciado ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana cientos de supuestos agravios a la lengua valenciana, la misma que ellos consideran catalán.
Este método de amedrentamiento lo hacen, además, mediante señalamiento público. El propio Ayuntamiento de Valencia ya inició hace meses una campaña poniendo unas pegatinas a aquellos negocios de la ciudad que tan solo rotulaban en castellano.
Contra la libertad de elección de lengua
Comercios con rótulos en español, perseguidos en Valencia por entidades catalanistas financiadas por el alcalde Ribó
Ahora, el independentismo relata una serie de situaciones presuntamente vividas por ciudadanos a los que se les ha negado un servicio por utilizar la lengua regional.
Así, el informe elaborado por el conglomerado independentista señala, por ejemplo, que una joven fue «expulsada de un pub» en Valencia «por dirigirse en valenciano a un camarero para pedirle una mesa para ella y sus acompañantes». Sin dar más detalles, la denuncia no detalla cómo ocurrió el supuesto incidente o si, en caso de haberse producido, fue la clienta la que se negó a tratarle en español aunque se lo pidiera el empleado.
Mismas dudas surgen al ver la denuncia número 64 de dicho escrito. Según los independentistas, un ciudadano de Valencia «es forzado a abandonar un supermercado» cuando «quiso expresarse en valenciano con el personal laboral de la caja de pago». No da más detalles y una hipótesis podría ser que ese establecimiento quizás tenga parte de su accionariado vinculada, precisamente, a Cataluña.
En otros casos no hay impedimento para decir qué empresas son las que incurren en perjudicar el uso del valenciano. Una de ellas es Orange. En una de sus tiendas, siempre la versión secesionista, un cliente «es forzado a hablar en castellano».
En el ámbito institucional el panorama es exactamente el mismo, señalando a centenares de organismos públicos, tanto de la administración local, como autonómica y nacional. Dos casos llaman especialmente la atención, uno por haber comprobado que no es así y el otro por curioso.
Francina Armengol y Ximo Puig, dos presidentes que han abierto sus regiones al independentismo
El primero se refiere al teléfono de atención 012, el de información al ciudadano por parte de la Generalitat. Tal como se indica en el informe de denuncias, un ciudadano «quiso hacer uso» de dicho servicio, a lo que un operador le dijo «que solo le atenderían si se expresaba en castellano».
Para hacer esta pieza, El Debate ha hecho a lo largo de la mañana una decena de llamadas al 012, todas ellas con el mismo resultado. Lo primero que se indica al usuario es en valenciano: «Bienvenidos a la Generalitat. Si quiere ser atendido en valenciano, diga valenciano o pulse uno». Seguidamente, ya en español: «Si quiere ser atendido en castellano, diga castellano o pulse dos».
Tras pulsar uno para comprobar la veracidad de la afirmación de los separatistas, todas y cada una de las diez llamadas han sido atendidas por agentes que se dirigían en valenciano. Por tanto, en el mejor de los casos, la denuncia no pasaría de ser una anécdota. El peor escenario, naturalmente, sería que fuese una falsedad.
Otro de los dardos que Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y tantos otros lanzan para orillar el uso del español va dirigido al Registro Civil.
En la localidad alicantina de Denia, cumpliendo la ley, un funcionario de dicho departamento «rechazó el cambio a la forma valenciana de un apellido». Si denunciar eso ya resulta pintoresco, todavía lo es más cuando se deja constancia de que el motivo para solicitarlo fue «que la forma castellana del mismo está muy generalizada».
En este sentido, también hay señalamiento a instituciones como la Policía Nacional por llamar en español a ciudadanos que han de renovarse el DNI o médicos que, al no ser su lengua materna el valenciano, piden que se les hable en castellano durante las consultas.
Finalmente, hay innumerables referencias a ayuntamientos y diputaciones –especialmente, la de Alicante– porque elaboran folletos o rótulos solo en castellano.
Uno de los más llamativos quizás sea el reproche que se le hace a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte porque en su página web «tiene programas y enlaces que se abren por defecto en castellano». Este hecho supone para la lógica independentista «que los usuarios y usuarias que no tengan especial sensibilidad lingüística no cambien su lengua de la web y saquen la documentación en castellano».
Por tanto, la persecución del español en la Comunidad Valenciana es un hecho. Más bien sigue siéndolo y es producto de una actuación deliberada por parte de Ximo Puig, sus consejeros y algunos consistorios que, lejos de promocionar la cultura y la identidad valencianas, promueven el colonialismo y la sumisión tan anhelada por los separatistas catalanes.
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