El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la reunión del Pleno extraordinario del Consell
Comunidad Valenciana Mazón, ante el reto de desmantelar el chiringuito independentista en Valencia tejido por Ximo Puig y Compromís
El presidente de la Generalitat se comprometió en campaña y en su investidura a dejar de subvencionar a entidades secesionistas y a aprobar una Ley de Señas de Identidad para proteger los símbolos regionales
En la primera visita del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Carlos Mazón ya al frente de la Generalitat Valenciana, este le expresó, tan solo unos días después de asumir el cargo, que tenía miedo de lo que se iba a encontrar en las arcas públicas. No es para menos, ya que que Ximo Puig ha dejado en herencia una Comunidad con una deuda disparada y con el déficit más alto entre todas las regiones de España. Pese a la evidencia de los datos, el expresidente sigue asegurando que deja el puesto con «todos los indicadores sociales y económicos mejor que en 2015».
Con esos datos sobre la mesa, el nuevo jefe del Ejecutivo valenciano tiene faena por delante y no, precisamente de las sencillas. Durante la campaña electoral y su discurso de investidura, Mazón aludió a numerosas medidas a adoptar en el terreno económico. Muchas son de ámbito fiscal, pero hay otras sobre las que merece la pena detenerse por su importancia transversal, como son todas aquellas destinadas a dejar de aportar un euro público a todas aquellas asociaciones independentistas que, desde la región o desde Cataluña, se dedican a crear un caldo de cultivo proclive a la implantación de los ‘Países Catalanes’.
Durante las dos legislaturas que ha estado en el poder, el tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos ha discutido por todo lo que era discutible salvo, eso sí, por subvencionar al separatismo en la Comunidad. En esos casos, la unión fue máxima en todo momento y jamás fue motivo de riña pese a que iba en contra del espíritu y la letra del Estatuto de Autonomía. Solo así se explica que desde el erario público de la Generalitat se hayan destinado más de trece millones de euros en siete años a entidades secesionistas. Por contra, a los colectivos que defienden el valenciano como lengua independiente al catalán se les ha aislado y marginado por completo.
Repetidores de TV3
Son muchos los grupos agraciados por la generosidad pancatalanista de Puig y sus socios, aunque hay uno que destaca entre tan nutrida representación. Se trata de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Con más de medio millón de euros procedente del Gobierno regional, la labor de esta asociación comenzó hace años a tomar forma instalando repetidores de TV3, la televisión pública catalana, dentro del territorio valenciano. Para ello contó con la inestimable colaboración de un Ximo Puig que por aquel entonces era el alcalde del municipio castellonense de Morella. Fue el comienzo de una larga relación.
A lo largo de las dos últimas legislaturas las subvenciones directas o en forma de patrocinio dirigidas a ACPV han sido una constante. Para intentar justificarlo, ni siquiera cabe la excusa de que sus integrantes no defienden abiertamente los ‘Países Catalanes’ porque esa suerte de razonamiento se cae por su propio peso. Al aspecto de los repetidores se le une que es la propia Generalitat de Cataluña la que paga puntualmente las cuotas de la hipoteca que la asociación tiene contratada para su sede en la ciudad de Valencia. Por si hubiera alguna duda que despejar, en su página web, ACPV se jacta de haber impartido «clases de lengua catalana» más de diez mil alumnos.
Pere Aragonés y Ximo Puig.
En cuanto a asiduidad a la hora de obtener recursos públicos este es el colectivo más destacado, pero en cuanto al montante hay uno que sobresale con más de dos millones y medio de euros en siete años, como es la Fundació Full-Fundació pel Llibre i la Cultura. Su cometido no es otro que el de editar y fomentar publicaciones literarias en catalán, tanto en revistas como en libros. Al respecto, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno municipal de PP y Vox en Burriana (Castellón) fue darse de baja de la suscripción que el Ayuntamiento mantenía con varias revistas de este tipo. Este gesto fue afeado por el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, que le entregó un ejemplar de una publicación a Mazón en el pleno de investidura.
Ley de Señas de Identidad
El presidente valenciano no solo tendrá que lidiar frente a ACPV o Full, ya que el enjambre independentista es mucho más complejo. De él forman parte, por ejemplo, Escola Valenciana o Plataforma per la Llengua. Ambas coinciden tanto en el fondo como en las formas y en los tiempos a seguir. De este modo, su objetivo único y último es el de imponer el catalán -aunque ellos lo llaman valenciano para hacerlo más amable a la opinión pública- y con tal de lograrlo no dudan en ejecutar una evidente política de adoctrinamiento en las aulas que incluye saltarse la obligación de impartir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano.
Pero todo lo descrito en ningún momento ha sido obstáculo para Puig y sus aliados nacionalistas y comunistas. Todo lo contrario, se han sentido absolutamente cómodos porque, lo digan más o menos explícitamente, el proyecto social era compartido. De no haber sido así, no habrían otorgado decenas de miles de euros a ninguno de los dos colectivos. Tampoco a El Micalet, otra asociación secesionista que se ha embolsado entre sus dos marcas 1,5 millones de euros gracias a organizar actos propagandísticos en favor del independentismo.
Ante este panorama y mucho más de idéntico contexto, Mazón no solo ha prometido paralizar todo euro público al anexionismo catalán, sino que su Gobierno aprobará una Ley de Señas de Identidad en la que se blinde que ni el suyo ni cualquier otro Ejecutivo autonómico que llegue en un futuro incurra en el flirteo que Puig ha escenificado con los que pretenden vulnerar el Estatuto y la Constitución Española de 1978.
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