Manifestación contra Francisco Camps, en 2011, cuando los nacionalistas estaban en la oposición
De hacer oposición en las calles a condenar las manifestaciones: el doble rasero de Puig y Compromís
La izquierda valenciana no dudó en llamar a la movilización para hacer oposición al PP, una estrategia que ahora socialistas y nacionalistas censuran ante las protestas contra la ley de amnistía
La ley de amnistía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está ultimando para favorecer a los líderes independentistas catalanes a cambio de sus apoyos en el Congreso de los Diputados a su investidura está generando una ola de indignación que recorre toda España. Desde finales del mes de septiembre, cuando el Partido Socialista ya dejaba caer que estaba negociando con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana el perdón generalizado, las protestas empezaron a tomar forma, con actos que tanto el Partido Popular como Vox convocaron en varias ciudades, así como la multitudinaria manifestación del pasado 8 de octubre en Barcelona organizada por Sociedad Civil Catalana.
Sin embargo, ha sido esta semana, a la par que las negociaciones del PSOE con el fugado Carles Puigdemont encaran su recta final, cuando el rechazo al texto ha provocado un aumento en el número e intensidad del descontento, especialmente ante las sedes de la formación del puño y la rosa. Estos hechos también se han dado en la Comunidad Valenciana. De hecho, el pasado viernes el expresidente de la Generalitat Ximo Puig y el del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fueron abucheados a la salida de un acto al grito de «sinvergüenzas» y «golpistas». A raíz de ese incidente, que fue espontáneo, prácticamente cada tarde cientos de personas protestan en la puerta de la sede del PSPV-PSOE por la ley de amnistía.
«Violencia callejera»
Estas acciones no son del agrado de la federación socialista valenciana ni de la izquierda autonómica en general, que está poniendo en práctica la estrategia de generalizar y equiparar la crítica que se le hace al jefe del Ejecutivo por lo que miles de españoles consideran claudicar ante los independentistas con tal de seguir en el cargo con las protestas que se han visto a lo largo de los últimos días frente a la sede de Ferraz, en Madrid. Así lo manifiesta el propio Puig en sus redes sociales, preguntándose «¿a quién representa esta España? ¿Qué país podrían construir así? ¿Quién es el responsable, y el cómplice de esta violencia callejera?». Seguidamente, hace una arenga porque, en su opinión «es la hora de la democracia. No solo de un partido, sino del conjunto de la democracia. Serenidad, firmeza y convicción».
Esta no es la única mención a las concentraciones hecha por el expresidente valenciano. En otro mensaje, denuncia: «Quien llama, insulta y sitia. Quien insta a quemar una sede política. Quien demuestra ira. Esa actitud refleja lo que quieren. Ánimo a todos los militantes. Clandestinidad, exilio, dictaduras. Hemos seguido. 144 años. Y seguiremos». Por tanto, a ojos de Puig, no ha habido reuniones pacíficas de ciudadanos, sino solo altercados. Cabe destacar, que el ahora senador es uno de los dirigentes del PSOE que con mayor firmeza defienden la amnistía y está en las quinielas para ocupar la cartera de Política Territorial en un eventual nuevo Gobierno de Sánchez.
Por su parte, Compromís también ha cargado contra las manifestaciones que se han organizado en contra de una ley a la que tan solo le faltan «aspectos técnicos». Los nacionalistas no solo están encantados con el olvido judicial a los secesionistas, sino que señalan a quienes se oponen. El portavoz de la coalición en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, al igual que Puig, utiliza el trazo grueso y pone al mismo nivel las cargas policiales con las muestras de descontento que por toda la geografía nacional se están extendiendo de manera pacífica.
Además, las ubica exclusivamente en una «derecha» ideológica que no sale a las calles «por la educación pública, por la sanidad pública» ni «contra el cambio climático», pero sí se moviliza, a su juicio, «contra el resultado de las urnas», acompañando una fotografía de la actuación policial en Ferraz. Incluso, el diputado regional insulta por oponerse a la amnistía a Alfonso Guerra, a quien acusa de haber perdido «la vergüenza».
Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas con la camiseta en alusión a Francisco Camps
Esta actitud de censurar y deslegitimar el derecho de manifestación para protestar en contra o a favor de un determinado hecho choca con la que la izquierda valenciana llevó a la práctica en los años previos a llegar a la Generalitat en 2015. En esa época, el principal objetivo de Compromís y el PSPV-PSOE fue el expresidente Francisco Camps, a quien acusaban de corrupción en múltiples causas.
Lo hacían desde el Parlamento autonómico, pero también desde las calles, con numerosas manifestaciones que violaban la presunción de inocencia del 'popular'. De este modo, era habitual ver pancartas en actos promovidos tanto por el PSPV-PSOE como por Compromís con la cara del exmandatario junto a términos como «corrupción», «recortes», «privatizaciones». Es más, a uno de ellos acudieron en 2015 Puig, cuando era candidato a la Generalitat, y Pedro Sánchez, cuando lo era a la presidencia del Gobierno. Pero el máximo exponente de este señalamiento público a diario fue el que realizó Mónica Oltra.
Su tarea de oposición desde la tribuna de oradores no solo fue incendiaria en el fondo, sino también en las formas. Quizás su imagen más icónica fuera la de una camiseta que popularizó entre los afines a Compromís y que se hizo viral en la que salía el rostro de Camps con el texto «Wanted. Only Alive» («Se Busca. Solo Vivo»), haciendo un paralelismo con los carteles del antiguo oeste persiguiendo a los forajidos. Paradójicamente, es la propia Oltra la que está investigada por la Justicia.
Ahora, el panorama es bien distinto. Mientras a nivel nacional la izquierda valenciana se molesta por las protestas y concentraciones, las mismas formaciones fueron las que las alimentaron en el pleno de constitución de las Cortes tras el 28-M y en la toma de posesión del presidente regional, Carlos Mazón, alegando que en el Ejecutivo autonómico entraba la «ultraderecha».
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