Sánchez y Morant se besan en Valencia, el pasado marzo1
Sánchez refuerza a Morant pese a que la Justicia la investiga por varios delitos de corrupción
La hasta ahora ministra de Ciencia e Innovación asume también la Cartera de Universidades
Había varios nombres valencianos en la terna de ministrables de Pedro Sánchez: el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, de Torrente (Valencia), el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig (Morella, Castellón) y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (Gandía, Valencia). Pero finalmente ha sido solamente esta última la que integrará el nuevo Consejo de Ministros del presidente del Gobierno.
Morant, a quien la Justicia investiga por favorecer una okupación cuando era alcaldesa de Gandía, sale reforzada en el nuevo Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar. La gandiense conserva la Cartera de Ciencia e Innovación pero asume ahora también la Cartera de Universidades.
Sánchez, quien llegó a la Moncloa tras una moción de censura al expresidente del Partido Popular Mariano Rajoy sustentada en la corrupción, no solo decidió mantener a Morant en su cargo una vez iniciado su proceso judicial, sino que le da ahora un espaldarazo al otorgarle más competencias.
No ha pesado, por tanto, en su decisión el hecho de que Morant haya podido cometer los delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Todos ellos enmarcados dentro de las prácticas corruptas cuando era primera edil de Gandía, pero cuya causa comenzó hace ahora justo un mes, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía incoó diligencias previas de investigación contra la ministra y su entonces primer teniente de alcalde, José Manuel Prieto, además de quien era jefa de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.
Diana Morant se manifiesta contra un desahucio cuando era alcaldesa de Gandía
Estas acciones judiciales surgieron de una denuncia que en su día presentó el exregidor 'popular' Arturo Torró, quien acusó a Morant de perjuicios económicos a una empresa constructora que levantó viviendas de alquiler en un edificio que terminó siendo okupado ilegalmente. Además de por paralizar el desahucio, el juez considera que el Ayuntamiento, con Morant al frente, se negó a abonar a la sociedad propietaria del edificio los 19 millones de euros que reclamaba en concepto de liquidación del contrato que con anterioridad habían suscrito.
Un foco de delincuencia
Morant, junto con varios activistas antidesahucios, acudió el 30 de junio de 2015 a paralizar un lanzamiento en la calle Perú, 57 de la capital de la comarca valenciana de La Safor. La concentración de la entonces regidora impidió el desahucio de una madre y su hijo, si bien el inmueble se convirtió en un foco de delincuencia.
Tras el «efecto llamada» que provocó el acto de Morant, según la Justicia, fue a parar al edificio el clan gitano de Los Chatos, que okupó varios inmuebles y trajo consigo una oleada de inseguridad que desembocó en un asesinato. El 1 de octubre de 2017, el barrio de Corea, donde está sito el bloque okupado, asistía a una violenta reyerta entre el citado clan y el de Los Frasquitos, que acabó con cinco personas heridas y hospitalizadas.
Una de ellas, un varón de 37 años y vecino del bloque, finalmente murió en el Hospital Comarcal Francesc de Borja tras haber sufrido diversas heridas por arma blanca durante la pelea protagonizada por varios de los okupas del edificio Lima.
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