La ministra Diana Morant paraliza el desahucio de un edificio okupado en Gandía, en 2015
Comunidad Valenciana
El día que Diana Morant se enfundó el traje de activista antidesahucios y por el que la investiga la Justicia
La ministra de Ciencia favoreció cuando era alcaldesa de Gandía la okupación de un edificio en el que posteriormente fue asesinado un hombre en una reyerta entre clanes
Un juez indaga sobre si cometió varios delitos después de haber provocado un «efecto llamada» de okupas y la quiebra de la concesión de unas viviendas
Apenas habían pasado dos semanas desde que había accedido al cargo de alcaldesa de Gandía y Diana Morant, ya había cometido un acto que comprometería su futuro político.
Ataviada con una camiseta blanca y unos vaqueros, y con un color de pelo ostensiblemente más claro que el que luce ahora, casi cuesta reconocer a la ministra de Ciencia e Innovación del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. Pero allí estaba Morant el 30 de junio de 2015, paralizando un desahucio en la calle Perú, 57 de la capital de la comarca valenciana de La Safor. Unos hechos por los que ahora la Justicia la investiga.
«Tenemos una sensibilidad total sobre estas circunstancias y, como hemos hecho ahora, trataremos de buscar soluciones cuando se produzcan este tipo de emergencias sociales», proclamaba entonces la sucesora del astronauta Pedro Duque al frente del Departamento encargado de dirigir la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación de España.
Diana Morant se manifiesta contra un desahucio cuando era alcaldesa de Gandía
Morant contaba entonces 35 años, una edad con la que compaginaba esa doble faceta de activista antidesahucios a lo Ada Colau con el hecho de ser, a la vez, primera edil de un municipio de casi 76.000 habitantes, con un amplio margen de maniobra para tratar de otorgarle un techo a cualquiera de sus vecinos por vías regladas.
«A la llegada de la comisión judicial, ante la presencia de ciudadanas y ciudadanos solidarias, ésta ha decidido no proceder con el desahucio y se ha marchado. Se ha logrado, por tanto, que Natalia y su hijo puedan permanecer en su piso hasta que se encuentre una solución a su situación», relataban entonces los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, codo con codo con Morant, habían frenado el desalojo de la mujer y su vástago.
La susodicha Natalia ingresaba una prestación de 416 euros, «con la que no podía hacer frente a los 250 euros de alquiler, pagar los suministros, comer ella y su hijo», apuntaban quienes evitaron el desahucio respaldados por su alcaldesa. Sin embargo, esta historia no tuvo final feliz, ya que Natalia y su hijo no iban a ser los únicos habitantes del bloque.
Un asesinado tras una reyerta
Allí, tras el «efecto llamada» que provocó el acto de Morant, según la Justicia, fue a parar el clan gitano de Los Chatos, que okupó varios inmuebles y trajo consigo una oleada de delincuencia e inseguridad con trágicas consecuencias. El 1 de octubre de 2017, mientras el mundo miraba hacia Cataluña y millones de españoles contenían el aliento ante el desafío separatista, una noticia de menor repercusión sacudía al barrio de Corea, donde está sito el bloque okupado.
Edificio okupado en la calle Perú, 57 de Gandía, donde asesinaron a un hombre en una lucha entre clanes rivales
Una violenta pelea entre Los Chatos y el clan de Los Frasquitos acabó con cinco personas heridas y hospitalizadas. Una de ellas, un varón de 37 años y vecino del bloque, finalmente murió en el Hospital Comarcal Francesc de Borja tras haber sufrido heridas por arma blanca durante la reyerta. La mayoría de los implicados en el suceso okupaban casas del inmueble, llamado Lima y de categoría VPO.
Esta fase activista de la ministra de Sánchez no duró mucho y su perfil pronto giró hacia el de política al uso que presume de su gestión, lo que le costó las críticas de los activistas de la vivienda. Éstos cargaron contra ella después de unas declaraciones celebradas durante un foro de vivienda, en el que habló de la existencia de pisos cedidos al Consistorio por entidades bancarias.
Morant, el 30 de junio de 2015, paraliza el desahucio del edificio de la calle Perú, 57, en Gandía
«La 'Gandía, libre de desahucios' que anunciaba Dª. Diana Morant es muy diferente», apuntaban desde la PAH en un comunicado en el que manifestaban sentirse «molestas y alucinadas» con la entonces regidora. «El discurso triunfalista de la alcaldesa es verdaderamente molesto cuando, después de seis años, semanalmente seguimos recibiendo entre 20 y 30 afectadas en la Plataforma. Muchas de ellas han pasado antes o después por los servicios municipales, sin que en la gran mayoría de los casos se haya subsanado su situación», denunciaban desde la PAH en 2017.
En el punto de mira judicial
Pero defraudar a muchos de sus simpatizantes no ha sido la peor consecuencia para la dirigente socialista. Este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía incoaba diligencias previas de investigación contra ella tras una denuncia del exalcalde 'popular' Arturo Torró, su predecesor en el cargo y a quien Morant acusaba de llevar a cabo «prácticas mafiosas».
Torró acusó a la ministra, que fue alcaldesa entre 2015 y 2021, de perjudicar económicamente a la empresa constructora que levantó las viviendas. En el auto también constan como posibles responsables su primer teniente de alcalde, José Manuel Prieto, y la entonces jefa de Servicios Jurídicos del Consistorio de Gandía.
El juez les atribuye a todos ellos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya determinó en su día que «existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión».
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