La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por su posible colaboración con el régimen chavista de Maduro

Un auto dictado este viernes por el magistrado Antonio Piña ha abierto la puerta a que la Audiencia Nacional (AN) investigue al ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta «colaboración con la estructura criminal» del detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La resolución dictada por el juez titular del Juzgado de Instrucción Central número 6, a la que ha tenido acceso El Debate, acuerda abrir diligencias previas a raíz de un escrito planteado por la entidad Hazte Oír, y emplaza al Ministerio Fiscal a que «emita informe sobre la competencia» de la Audiencia Nacional «para la instrucción» de dicha causa, de acuerdo con el relato de los acontecimientos.

Unos «hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», ha expuesto el magistrado. Quien, no obstante, ha puntualizado que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos», precisa el juez, «es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».

Cabe recordar que Hazte Oír apuntaba en su querella a la supuesta comisión, por parte del ex presidente del Gobierno, y ex secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, de varios delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, indicando que la AN sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos «en el extranjero». No en vano, la siempre opaca e inexplicada relación del ex líder del Ejecutivo entre los años 2004 y 2011, con el régimen chavista en Venezuela, en especial con su ex mandatario Nicolás Maduro, detenido hace unos días por orden de la Justicia estadounidense, se ha situado de nuevo en el centro del huracán mediático.

Así las cosas, la asociación pidió al Tribunal que adoptase medidas cautelarísimas contra Zapatero. Entre ellas, la retirada de su pasaporte, con prohibición expresa de salir de España y con le obligación de comparecer ante el juzgado, para firmar, cada semana, ante el «riesgo real de fuga» del ex presidente, en el caso de empezar a ser investigado, dado que es sabido que, en 2025, fue beneficiado con la entrega de un pasaporte diplomático de República Dominicana, aunque no esté nacionalizado en el país caribeño.

Además, Hazte Oír reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se cite, en los trámites previos, como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, quien a su vez ha asegurado, públicamente en varias ocasiones, que él mismo había viajado a Venezuela, convocado por éste a una reunión en Caracas, en la que ambos se entrevistaron con un sobrino de Maduro condenado por narcotráfico.

Aldama, también, declaró en una reciente intervención en el programa de televisión Horizonte, dirigido y presentado por Iker Jiménez, cómo Koldo García Izaguirre, le habría contado que Zapatero cobró diez millones de euros de comisión en Panamá por su intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, bajo la lupa de la Justicia madrileña, en una causa declarada secreta.

Por todo ello, los querellantes consideraron que «lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí»: «Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final». Y, exactamente, éste es el escenario que ha habilitado, de manera preliminar, el juez Piña, a la espera del dictamen del Ministerio Público.

Sobre la mesa, la obligación de indagar si la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro».

«Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes», sostiene Hazte Oír.