Miguel Barrachina y José María Llanos, en las Cortes Valencianas explicando la comisión de investigación
PP y Vox crearán una comisión de investigación sobre las «irregularidades» del Gobierno de Puig
La iniciativa tiene como objetivo «frenar prácticas irregulares y duplicidades» en la Administración que pudo realizar el tripartito y su calendario y comparecencias se fijarán en febrero
El Partido Popular y Vox, que gobiernan en coalición en la Generalitat Valenciana, han registrado este jueves su primera gran iniciativa conjunta en Las Cortes autonómicas, como es la petición de una comisión de investigación para dar a conocer las «irregularidades» que a su juicio cometió el anterior gobierno del tripartito en el sector público instrumental de la Administración valenciana.
Esta medida, que saldrá adelante gracias a su mayoría parlamentaria, llega dos días después de que el presidente de la Comunidad, Carlos Mazón, anunciara una auditoría externa de todo el sector público con el mismo objetivo. En rueda de prensa en el Parlamento regional, los portavoces de ambas formaciones, Miguel Barrachina y José María Llanos, respectivamente, han explicado que la comisión se centrará en la situación del sector público entre los años 2016 y 2023, aunque todavía no se ha decidido quién comparecerá.
Barrachina ha subrayado que el objetivo de la comisión es «frenar prácticas irregulares y duplicidades» en el sector público, ya que ha sostenido que no era algo aislado, y «estudiar si se derivan responsabilidades». Según ha apuntado, el gasto se disparó un 47 % con el Consell de Ximo Puig, que 50 de los 54 entes presentan irregularidades, también que en la pasada legislatura se adjudicaron 254.000 contratos «a dedo» por 713 millones de euros y que en 2022 se licitaron 4.000 contratos sin informe de la Dirección General de Presupuestos. «Los valencianos tienen derecho a saber la verdad», ha manifestado.
2.000 empleos a pocos días del 28-M
Por su parte, Llanos ha coincidido en que es necesario estudiar las «gravísimas irregularidades» en el sector público. Además, ha denunciado que en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) se hicieron contratos sin dotación presupuestaria de casi 2.000 nuevos empleos públicos «prácticamente en la precampaña» electoral del 28-M, aunque «se pudo frenar a tiempo».
Respecto a quién comparecerá, y si podrían ser Puig o exconsejeros como Gabriela Bravo, ambos han remarcado que la propuesta pasará en febrero por un pleno de Las Cortes y después los miembros de la comisión marcarán el calendario. «No hay ninguna decisión de quién puede comparecer», ha señalado Barrachina, tras lo que Llanos ha augurado que podrían ser «expertos» y otras personas que presenten «toda la documentación necesaria».
Ximo Puig junto a los que eran sus vicepresidentes, Héctor Illueca y Aitana Mas, en las Cortes regionales.
Preguntado por el mantenimiento como responsable del sector público de Mako Mira, quien ya estaba en este puesto con el anterior Ejecutivo, el síndico del PP se ha limitado a decir que «el PSPV-PSOE sabe bien quién cometía irregularidades porque había exdiputados socialistas dirigiendo la SGISE». «Habría que preguntar a Ximo Puig», ha añadido.
Igualmente, sobre qué cantidad de los contratos corresponderían a la pandemia, el 'popular' ha subrayado que «los informes dicen que todos requieren de rigor», independientemente de si se realizaron con motivo de la emergencia sanitaria. «Esta no es la casa de Ximo Puig, es la Administración de todos», ha añadido.
Por último, cuestionados ambos por las críticas de los socialistas, que ven en la auditoría anunciada por Mazón una «operación Kitchen a la valenciana», Barrachina ha insistido en que hay un «descontrol gigante» en el sector público y Llanos ha replicado: «No estamos construyendo un argumentario político, nos dedicamos a gobernar».
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