La Ciudad de la Justicia de Elche (Alicante).

La Ciudad de la Justicia de Elche (Alicante).JOAQUÍN REINA/EP

Juzgan a siete hombres acusados de agresión física y sexual a un supuesto confidente de la Guardia Civil

Los acusados, que se enfrentan a cargos de detención ilegal, agresión sexual, obstrucción a la justicia y falsedad en documento oficial, se enfrentan a penas de hasta 88 años de prisión

la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Alicante, ha dado inicio en el día de hoy al juicio de siete hombres acusados de secuestrar y agredir sexualmente a otro individuo, a quien señalaban como confidente de la Guardia Civil.
Los hechos se remontan al 8 de abril de 2012 en Cox, cuando la víctima fue presuntamente engañada para subirse al vehículo de los procesados y sometida a todo tipo de maltrato.
Según el testimonio del denunciante, una vez dentro del automóvil, la víctima fue brutalmente golpeada y amenazada con una pistola antes de ser forzada a ingresar en el maletero del vehículo. Posteriormente, fue cambiada de coche y trasladada a un descampado en San Isidro, donde se le obligó a salir del maletero y recibió dos disparos entre los pies tras ser acusado de ser confidente de la Guardia Civil por parte de sus captores.
Tras esto, los agresores comenzaron a propinarle patadas y puñetazos y obligaron a la víctima a quitarse la ropa. Tras la violencia física, comenzaron a agredirlo sexualmente a punta de pistola.
Después de este maltrato, fue llevado a un pub en Cox, donde los agresores le exigieron que olvidara lo sucedido y cambiara su lugar de residencia bajo amenaza de muerte.

Amenazas tras la denuncia

La determinación de la víctima para denunciar estos hechos desencadenó una serie de eventos adicionales, incluidas visitas amenazantes por parte de los acusados para intentar que retirara la denuncia. Durante su detención, uno de los acusados fue encontrado en posesión de documentación falsa, añadiendo un componente de obstrucción a la justicia a los graves cargos que enfrentan.
La Fiscalía, en su acusación, detalla una lista de cargos que incluyen detención ilegal, agresión sexual, obstrucción a la justicia y falsedad en documento oficial. Las penas solicitadas por el ministerio público, oscilan entre los seis y 88 años de prisión, reflejando la gravedad y la crueldad de los delitos imputados.
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