Un hostelero de Alicante, durante una protesta contra el Ayuntamiento
Empresarios y hosteleros de Alicante se preparan para una contienda judicial ante la nueva normativa de ruidos
La patronal del sector advierte de pérdidas económicas y despidos si se aplican las nuevas restricciones
La reciente aprobación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por parte del Ayuntamiento de Alicante ha generado una fuerte oposición en el sector de la hostelería y el ocio nocturno. Los empresarios consideran que las medidas impuestas suponen un golpe a su actividad y advierten de consecuencias económicas y laborales graves si se aplican las nuevas restricciones. Ante esta situación, la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) ha anunciado que presentará alegaciones y recurrirá judicialmente los aspectos que consideran más lesivos de la normativa.
El principal punto de conflicto radica en las limitaciones horarias y la drástica reducción de la superficie de terrazas y veladores, medidas recogidas en los apartados G y H de la nueva regulación. Según Alroa, la imposición de horarios de cierre más restrictivos y la disminución del 50 % del espacio permitido para la ocupación del dominio público afectarán directamente a la viabilidad económica de muchos establecimientos. En declaraciones a El Debate, representantes de la asociación han asegurado que solicitarán la suspensión cautelar de estas disposiciones mientras se resuelven sus alegaciones. «No reconocemos que los locales sean los causantes del problema y no asumimos medidas que vayan frente a la esencia de la zona con la única intención de favorecer a otros negocios al no aplicar las medidas en otras zonas», denuncian desde Alroa.
Los empresarios también critican la metodología utilizada para justificar la declaración de las ZAS. La reciente ordenanza de ruido ha modificado los horarios de cierre de las terrazas, por lo que consideran que las mediciones realizadas para evaluar el impacto acústico no reflejan la realidad actual. «Las terrazas cerraban antes a las 2:30 horas y ahora lo hacen a la 1:00. No se puede valorar el ruido con el mismo criterio, porque la situación ha cambiado», sostienen desde la asociación, insistiendo en que estos cambios no han sido tomados en cuenta antes de aprobar la nueva normativa.
«Falta de diálogo»
Otro aspecto que ha generado malestar entre los hosteleros es la «falta de diálogo» con el Ayuntamiento. Según denuncian desde Alroa, no han recibido ningún tipo de contacto en las últimas semanas por parte de la Administración local para negociar las medidas, pese a la profunda afectación que tendrán en el sector. «No hemos tenido ningún contacto con el Ayuntamiento, no se han puesto en contacto con nosotros», aseguran.
Más allá de las restricciones a los establecimientos, los empresarios también exigen la aplicación de otras medidas contempladas en la ZAS, como el aumento de la presencia policial en las zonas de mayor afluencia nocturna. Desde el sector aseguran que llevan años solicitando este refuerzo sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento. Consideran que una mayor vigilancia contribuiría a controlar los comportamientos incívicos en el espacio público, evitando que la responsabilidad del ruido recaiga únicamente sobre los locales.
Judicialización del conflicto
El proceso de alegaciones se abrirá en cuanto el expediente sea publicado oficialmente, momento en el que los hosteleros presentarán su argumentación en contra de la ZAS. Sin embargo, el sector es escéptico sobre la posibilidad de que sus reclamaciones sean atendidas y ya anticipa la judicialización del conflicto. El recurso presentado contra la declaración de la ZAS en la calle Castaños sigue sin resolución, lo que demuestra que estos procesos pueden extenderse en el tiempo. Si las nuevas restricciones son impugnadas ante los tribunales, su aplicación efectiva podría retrasarse de forma indefinida.
A la espera de la evolución del conflicto, la tensión entre el sector hostelero y el Consistorio sigue en aumento. Los empresarios advierten de que las nuevas limitaciones pueden traducirse en pérdidas económicas, despidos y el cierre de numerosos establecimientos, mientras que desde la Administración local se defiende la necesidad de regular el ocio nocturno en beneficio del descanso vecinal. Con la vía judicial sobre la mesa y la falta de consenso entre ambas partes, el futuro de la ZAS en Alicante se perfila incierto y cargado de polémica.
