Playa Las Arenas, Valencia
Claves de la Ley de Costas valenciana: «Seguridad jurídica» frente al «ecologismo fanático» del Gobierno
El Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegura que la vigente norma impide reencauzar cauces fluviales como el barranco del Poyo
El proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, impulsado por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, se encuentra actualmente en fase de enmiendas en las Cortes Valencianas. El presidente ha calificado la Ley estatal de Costas de «extremista» y ha defendido que la nueva ley autonómica es el paso necesario para alcanzar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo del litoral.
El texto busca otorgar a la Generalitat mayor capacidad de intervención sobre el suelo costero, en contraposición a la Ley estatal de Costas (Ley 22/1988), que regula el dominio público marítimo-terrestre en todo el país. Desde el Consell defienden que la nueva norma aportará seguridad jurídica a miles de viviendas y negocios históricos asentados en la costa, afectados desde hace años por los procesos de deslinde del Estado. Según datos del propio Ejecutivo autonómico, más de 7.000 construcciones podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, como ocurre en la localidad castellonense de Nules que llevan años en situación de incertidumbre por los procesos de deslinde promovidos desde la administración central.
Les Casetes de Nules que han estado en situación de incertidumbre por derrumbe
La futura ley contempla la clasificación del territorio litoral en tres categorías: protección ambiental, mejora paisajística y reordenación urbana, con el objetivo de adaptar la planificación a las realidades locales. Este planteamiento contrasta con la ley estatal, que impone una franja de servidumbre de hasta 100 metros desde la ribera del mar y restringe cualquier nueva edificación, salvo contadas excepciones. El proyecto valenciano aspiraba inicialmente a reducir de 500 a 200 metros la distancia mínima permitida para ubicar hoteles respecto al mar. Sin embargo, ante la oposición de Vox, esta medida se ha tramitado finalmente a través de la Ley de Simplificación Administrativa.
Durante la presentación del proyecto en la playa de Tavernes de la Valldigna, Mazón calificó la norma nacional como «extremista» y denunció que responde a un «ecologismo fanático» que impide incluso reencauzar cauces fluviales como el barranco del Poyo o reparar viviendas afectadas por la erosión marina. «Basta ya de fanatismos. Este falso ecologismo ha impedido el equilibrio entre medio ambiente, convivencia y propiedad privada», afirmó. También avanzó que, una vez aprobada el texto, el Consell exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez la transferencia de la competencia integral en materia de costas, como ya ocurre en comunidades como Cataluña, Andalucía o el País Vasco.
Proyecto de ley
La ley, estructurada en 59 artículos, además de varias disposiciones adicionales, transitorias y finales, establece las directrices para ordenar el litoral valenciano, desde la distribución competencial hasta la regulación del uso de las playas y un sistema de catalogación basado en el grado de urbanización. Uno de sus pilares es la reformulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), cuyas bases pasan ahora a tener rango legal. Esto permitirá definir de manera vinculante los usos permitidos, prohibidos y condicionados en cada zona costera, lo que, según la Generalitat, incrementará la seguridad jurídica y la flexibilidad en la gestión del territorio.
Por primera vez, una norma autonómica protegerá de forma específica las praderas de posidonia oceánica, con la prohibición general del fondeo de embarcaciones sobre ellas. Además, se prevén suelos reservados para el realojo de personas afectadas por posibles nuevos deslindes. La ley también incorpora un régimen de inspección y sanción orientado a equilibrar los valores naturales y las actividades humanas en la costa. Entre sus disposiciones adicionales se incluyen medidas como la vigilancia de decisiones estatales que puedan perjudicar el litoral valenciano, la elaboración de un inventario de zonas degradadas y la delimitación de espacios costeros irrecuperables que podrán ser objeto de reordenación.
El director general de Costas, Marc García Manzana, ha destacado que esta será «la primera ley en la región que establecerá una normativa general sobre las acciones urbanísticas que se puedan o no hacer en los terrenos próximos al mar», con criterios adaptados a las particularidades de cada zona. El Consell insiste en que el texto ha superado todos los informes técnicos y jurídicos, y que la mayoría de los ayuntamientos, independientemente de su color político, no han presentado alegaciones durante la exposición pública.
Con un 70 % de la población valenciana viviendo a menos de diez kilómetros del mar, y un litoral que genera aproximadamente el 15 % del PIB regional, Mazón insiste en la necesidad de superar el «extremismo» y proteger «la historia y los núcleos urbanos que han mantenido viva la identidad de la costa». La norma, actualmente en fase de enmiendas en las Cortes, busca establecer una legislación autonómica que permita una gestión más adaptada a las particularidades del litoral valenciano, marcando un cambio frente a la normativa estatal que ha regido durante más de tres décadas.
