El Gobierno valenciano anula un acuerdo educativo contra el castellano denunciado por Hablamos Español

La organización Hablamos Español ha logrado una importante victoria jurídica y educativa en la Comunidad Valenciana, tras conseguir que la Consejería de Educación anule un acuerdo de claustro que, según denuncia la entidad, fue impulsado bajo presión para apoyar un manifiesto contrario a la consulta lingüística escolar. Este resultado llega tras meses de advertencias sobre prácticas que, a juicio de la asociación, vulneran la neutralidad ideológica que debe regir en los centros educativos.

El caso tuvo su origen en febrero, cuando profesores de un instituto de Altea, en Alicante, alertaron a Hablamos Español de una situación que calificaron como anómala. Habían sido convocados a un claustro, órgano al que están obligados a asistir, solo para debatir, y de facto respaldar, un manifiesto contrario a la consulta en la que las familias pueden decidir si prefieren más presencia del español o del valenciano en las aulas.

Según relató entonces la asociación, no se trató de una asamblea voluntaria, como correspondería en estos casos, sino de un uso instrumental del claustro para forzar la adhesión a un texto con una clara carga ideológica. No se permitió el voto secreto y tan solo se preguntó en voz alta si algún asistente se oponía a la firma unánime del manifiesto. Para Hablamos Español, esto constituyó un claro ejemplo de presión institucional sobre el profesorado, con el agravante de utilizar un órgano de la administración para fines ajenos a su competencia.

En respuesta, la asociación remitió una queja formal a la Inspección Educativa y a la Consejería de Educación, solicitando la anulación del acuerdo y recordando la obligación de garantizar la neutralidad política e ideológica en los centros públicos. Su reclamación ha sido finalmente estimada por la Administración, que ha dado validez a los argumentos presentados y ha procedido a revocar el acuerdo alcanzado en dicho claustro.

La resolución oficial, publicada en la web del colectivo, recoge expresamente que se admite a trámite la solicitud de la Asociación Hablamos Español, se informa de que se realizaron las averiguaciones pertinentes, se estima la solicitud y se comunica a la asociación que, conforme al informe de inspección, la adhesión del claustro al manifiesto es nula de pleno derecho. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 252/2019 de regulación del funcionamiento de los centros públicos de enseñanza y el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde la asociación celebran esta resolución como un precedente relevante en la defensa de la libertad de conciencia del profesorado. «Afortunadamente hay docentes que no comulgan con la exclusión del español de la enseñanza y nos advierten para que actuemos», señalan en su comunicado. Para la entidad, la anulación demuestra que los centros no pueden ser utilizados como plataformas para el adoctrinamiento, ni mucho menos para forzar posicionamientos ideológicos colectivos bajo una falsa apariencia de consenso.

Esta es la segunda vez que la asociación logra frenar una actuación de estas características; la primera se produjo hace dos años en un instituto de las Islas Baleares. En ambos casos, Hablamos Español ha fundamentado sus acciones en criterios jurídicos que refuerzan la autonomía de los profesores frente a directrices que, en su opinión, responden más a intereses políticos que educativos.

La presidenta de la organización, Gloria Lago, ha insistido en que estas prácticas no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia. «Es una táctica habitual del nacionalismo lingüístico inundar el tejido social, sobre todo la enseñanza. Suelen esgrimir el apoyo de colectivos, aunque todos sabemos que, para ello, se valen de la presión y a veces incluso de la coacción», declaró tras conocerse la decisión de la Consejería.

Más allá del caso concreto, Hablamos Español insiste en que la situación de muchos profesores en comunidades con lengua cooficial es preocupante. Denuncian que se les presiona para alinearse con discursos hispanófobos y que, en algunos casos, se enfrentan a represalias por defender el derecho a enseñar en la lengua materna de sus alumnos. Frente a esto, la asociación se compromete a seguir actuando en defensa de una escuela «libre de adoctrinamiento nacionalista» y del principio de libertad lingüística, tanto para las familias como para los profesionales del sector educativo.

El desenlace favorable de esta reclamación en la Comunidad Valenciana refuerza su mensaje: los claustros no pueden ser espacios de presión ni de imposición ideológica, sino órganos de gestión académica donde debe prevalecer el respeto a la pluralidad y la legalidad vigente.