La Generalitat, frente a Page y el Gobierno por el Tajo-Segura: «Chantaje político disfrazado de discurso ambiental»

Las discrepancias entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a cuenta de la política de pactos y cesiones del primero hacia sus socios independentistas con tal de amarrar la legislatura son del todo conocidas, si bien nunca terminan en una ruptura de la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esas diferencias no se dan en otras materias, donde la coincidencia es total y plena y, lejos de lanzarse dardos mutuamente, van de la mano, no solo en lo político, sino también en lo judicial.

Uno de estos asuntos es el trasvase Tajo-Segura. Al respecto, ambos ejecutivos socialistas están a favor de recortar al máximo esta infraestructura que resulta vital para el sostenimiento de la agricultura, el medioambiente y la economía de zonas como las provincias de Alicante, Murcia y Almería. La postura opuesta la defienden la Generalitat Valenciana, el Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, con sendos presidentes, Carlos Mazón, Fernando López Miras y Juanma Moreno como principales caras visibles.

En cuanto a lo valenciano, el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, critica la presión política que a su juicio ejerce el Gabinete liderado por García-Page con tal de frenar el trasvase Tajo-Segura y exige al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes. De este modo, el dirigente califica de «insolidarias e injustas» las declaraciones del presidente castellanomanchego contra la obra por ser una «barbaridad», al tiempo que ha exigido su revisión en profundidad.

15.000 puestos de trabajo en riesgo

Ante esos términos, Barrachina subraya que la Comunidad Valenciana «no puede seguir siendo víctima de un chantaje político disfrazado de discurso ambiental», dado que el trasvase Tajo-Segura «no solo es legal y necesario, sino que está amparado por unas reglas técnicas que se están ignorando deliberadamente». En este sentido, recuerda y lamenta «los 26 recortes políticos acometidos por el Gobierno de Sánchez», que «perjudican gravemente» la producción agrícola y la economía de la región, que depende en gran medida de este recurso hídrico para el riego de los cultivos.

Entrando en lo técnico, el consejero señala que actualmente la cabecera del Tajo, que se encuentra en Nivel 1, supera los 1.400 hectómetros cúbicos, lo que permitiría, conforme a la normativa vigente, autorizar un trasvase automático, pero el Ministerio aún no ha resuelto la transferencia de caudales, a pesar de que la situación lo permite. Igualmente, reclama una actuación inmediata del Ejecutivo central para frenar lo que ha calificado de «atropello a la economía y el bienestar de la Comunidad Valenciana y en especial de Alicante», pues se trata del sustento de decenas de miles de familias y del futuro los campos y de la industria agroalimentaria.

«No vamos a permitir que se frene ni un solo metro cúbico del agua que nos corresponde», incide Barrachina, quien augura que «el dogmatismo, sin rigor técnico, del Gobierno de Sánchez provocará pérdidas económicas de 6.000 millones de euros, la desaparición de 15.000 puestos de trabajo y la tala de 10 millones de árboles». La alternativa, por ende, alerta que sería «el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y millones de árboles que se talarán si no llega el agua».

No obstante, la perspectiva de que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, vaya a dar un volantazo en su política y pueda cambiar la gestión que puso en práctica su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, son escasas, cuando no nulas. Es más, la también vicepresidenta tercera, días atrás aseveró que apostaría por el «cumplimiento de los caudales ecológicos», con lo que se prevé que la pugna entre Castilla-La Mancha y Gobierno por una parte y Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía por otra no se vaya a rebajar.