El empresario que pagó unas vacaciones en yate a Puente cierra su empresa tras recibir 8,8 millones en ayudas públicas

El empresario Sergio Zaitegui, conocido por haber pagado unas vacaciones en un yate de lujo al hoy ministro de Transportes, Óscar Puente, ha procedido a cerrar de forma voluntaria la empresa a través de la que recibió un goteo de ayudas públicas que alcanzó los 8,8 millones de euros concedidos por distintos organismos del Estado. La mercantil, que durante años fue beneficiaria de subvenciones y préstamos avalados con dinero público, ha entrado ahora en fase de liquidación alegando una delicada situación financiera.

La documentación a la que ha tenido acceso El Debate confirma que la sociedad Watio Wholesale SL, presidida por Zaitegui, acordó su disolución y liquidación voluntaria tras presentar unas cuentas que reflejan un progresivo deterioro económico, incapaz ya de sostener la actividad. La empresa reconoce graves tensiones de tesorería, pérdida continuada de ingresos y una estructura financiera incompatible con la continuidad del negocio, a pesar de haber sido sostenida durante años con fondos públicos. La decisión de cerrar la empresa llega después de que Watio Wholesale SL se beneficiara de 32 ayudas públicas concedidas principalmente entre los años 2020 y 2022, en plena pandemia del coronavirus, y en los meses inmediatamente posteriores. En total, la compañía recibió 8.829.000 euros, una cifra que contrasta con el desenlace final de la mercantil, ahora abocada a su liquidación.

Buena parte de esas ayudas procedieron del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño. Se trató fundamentalmente de préstamos avalados por el Estado y líneas de financiación extraordinarias creadas para sostener a empresas durante la crisis sanitaria. Otras subvenciones fueron canalizadas a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), vinculada al Ministerio de Industria que encabezaba Reyes Maroto. Los importes concedidos fueron especialmente elevados. Entre las ayudas más cuantiosas figuran partidas de 1,2 millones de euros, 600.000 euros, 560.000 euros y 400.000 euros, además de una larga lista de subvenciones de menor cuantía que completaron el montante total. El flujo de dinero público se intensificó a partir del otoño de 2020, cuando la empresa comenzó a recibir ayudas de forma prácticamente ininterrumpida.

Tal y como publicó El Debate hace ahora un año, el primer gran paquete de ayudas llegó apenas siete días después de que Zaitegui invitara a Puente, entonces alcalde de Valladolid, a pasar unos días en un yate de lujo en Ibiza, los 21 y 22 de septiembre de 2020. La primera subvención posterior a aquel viaje fue concedida el 29 de septiembre, marcando el inicio de una cadena de ayudas que se prolongó durante meses. Hasta ese momento, pese a llevar más de una década constituida, Watio Wholesale SL, que se creó en junio de 2013, apenas había recibido apoyo público. Tan sólo cuatro ayudas por un total de 285.000 euros. El salto cuantitativo se produjo tras el episodio del yate.

La relación entre Zaitegui y Puente estuvo judicializada. Tras la difusión de las imágenes del viaje en yate, el hoy ministro fue denunciado por un presunto delito de cohecho. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que finalmente decretó el sobreseimiento al considerar acreditado que ambos mantenían una relación de amistad previa al contrato sanitario adjudicado durante la pandemia. En su resolución, la magistrada dio por probado que el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó el 28 de abril de 2020 un contrato de emergencia por 195.178 euros a una empresa vinculada a Zaitegui para el suministro de material sanitario. También reconoció que fue el propio Puente quien contactó con el empresario para que «echara una mano» ante la falta de material, y que meses después Zaitegui invitó al entonces alcalde a unas vacaciones en Ibiza, que pagó a título personal.

La juez concluyó que no existía delito penal al entender que la invitación no fue una contraprestación directa por el contrato sino una consecuencia de una amistad previa. Sin embargo, la resolución dejó negro sobre blanco una realidad política difícil de digerir, que un empresario beneficiado con contratos y ayudas públicas pudo agasajar a un cargo público sin que ello tuviera consecuencias legales. Hoy, con la empresa ya en liquidación, el caso adquiere una nueva dimensión. La mercantil que recibió casi nueve millones de euros de dinero público reconoce ahora que su situación financiera es insostenible y procede a su disolución. El dinero llegó, la empresa se sostuvo artificialmente durante años y, finalmente, se cierra sin que ese esfuerzo público haya evitado su colapso.