Denuncian a un vigilante de la Seguridad Social por pedirle a un usuario que le hablara en español

La Plataforma per la Llengua, una entidad subvencionada por Administraciones Públicas gobernadas por la izquierda y autoproclamada como la «ONG del catalán», sigue con su particular cruzada contra empresas, organismos y trabajadores que utilizan el español para expresarse en la Comunidad Valenciana.

En esta ocasión, la entidad señala a un vigilante de una oficina de la Seguridad Social en la localidad castellonense de Burriana. Este caso forma parte de las 153 denuncias por «discriminación lingüística» depositadas para su investigación por parte de la Sindicatura de Agravios, el órgano de la Generalitat equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana.

La denuncia relata que «un vigilante de la Seguridad Social en Burriana exigió a un hombre que hablara en castellano cuando éste le dijo el número de su teléfono móvil en valenciano».

A pesar de que en el mismo escrito se admite que «una funcionaria atendió» al usuario en la lengua autóctona, el caso se ha añadido a la lista de denuncias que la Plataforma per la Llengua, junto a otras entidades defensoras de las tesis de los 'países catalanes' como Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià, han entregado ante un organismo oficial como la Sindicatura de Agravios.

Apoyo del Gobierno a denuncias con nombres y apellidos

Estas entidades, que cuentan con el respaldo explícito del Gobierno de Pedro Sánchez a través del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclaman sanciones económicas para las empresas o trabajadores que no atiendan en catalán.

Al respecto, conforme ha venido informando El Debate, estas entidades han puesto en su punto de mira tanto al sector privado con denuncias que ponen nombre y apellidos a bancos, supermercados, empresas de mensajería, establecimientos hosteleros o comercios, y a funcionarios como médicos, policías o guardias civiles.