«Hable en español, estamos en España»: oleada de denuncias a supermercados y comercios por atender en castellano

«Hable en español, estamos en España». Los supermercados que operan en la Comunidad Valenciana están siendo objeto de una oleada de denuncias por atender en español. Entidades subvencionadas por el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han señalado en un informe entregado al Síndico de Agravios (el equivalente al Defensor del Pueblo valenciano) a empresas privadas del sector de la distribución a las que acusa de discriminación lingüística.

Conforme avanzó El Debate, el documento con las quejas incluye un total de 153 denuncias bajo el mismo denominador común. En todos los casos se denuncia haber recibido atención en castellano. Las reclamaciones, según ha venido informando este periódico, se dirigen contra guardias civiles, policías nacionales y médicos.

El documento también apunta a empresas privadas como bares y restaurantes o supermercados. En este caso, el informe depositado ante el Síndico de Agravios recopila hasta cuatro denuncias por «discriminación lingüística».

A estas reclamaciones se suman otros casos dirigidos contra gimnasios, tiendas de souvenirs, bancos o empresas de paquetería, entre otros.

El informe que obra en poder del Defensor del Pueblo autonómico desde el pasado 4 de diciembre y cuenta con el respaldo explícito del Gobierno de Pedro Sánchez a través del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cita los nombres de las empresas.

Las entidades que suscriben el documento, entre las que se encuentran la Plataforma per la Llengua (autoproclamada como la «ONG del catalán»), Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià son receptoras de subvenciones públicas. Todas ellas reclaman sanciones económicas para las empresas que instan a sus clientes a dirigirse en español.

Así, entre las denuncias que recoge el documento sobre «discriminación lingüística» en la Comunidad Valenciana figura un caso en el que el cliente de un supermercado se dirigió en catalán a una empleada para preguntar dónde se encontraban los huevos.

La queja relata que la trabajadora le instó a cambiar de idioma con el argumento de que «estamos en España». El consumidor se puso en contacto con el encargado del establecimiento, cuyo nombre no desvela El Debate para preservar su privacidad, y respaldó a la empleada: «Es que esto es España, caballero».

Otra de las denuncias narra el caso sucedido en la sección de pescadería de un supermercado ubicado en un centro comercial de Valencia. En este caso, tuvo que mediar el personal de seguridad del establecimiento, que instó a hablar en castellano a la clienta, quien puso una queja formal a través de la Hoja de Reclamaciones.

El informe depositado entre el Síndico de Agravios recoge otra denuncia que señala a un supermercado situado en la capital del Turia porque la cajera que atendió al cliente requirió la presencia del encargado de la tienda para que ejerciera de traductor, ya que la empleada no entendía el valenciano y el consumidor se negaba a hablar en español.