Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil
«¿Ahora sí que me entiende?»: un conductor denuncia a dos guardias civiles por hablarle en español
«¿Puede hablarme en castellano?». Un conductor ha denunciado que unos guardias civiles se dirigieron a él en español durante un control rutinario en la localidad castellonense de Vinaroz.
Esta reclamación forma parte del informe sobre «Discriminaciones lingüísticas en la Comunidad Valenciana» elaborado por entidades subvencionadas por el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, y por la Generalitat de Cataluña.
De acuerdo con la denuncia recogida en el citado documento, que ha sido entregado al Defensor del Pueblo Valenciano, el conductor sostiene que «dos agentes de la Guardia Civil que realizaban un control rutinario me hicieron un signo de pararme con el coche».
Según este relato, el denunciante circulaba por el final de la Avenida Gil de Atrocillo en el cruce de la Avenida Zaragoza, en el término municipal de Vinaroz, en la provincia de Castellón.
Siempre según el relato recogido en el informe sobre «discriminaciones lingüísticas», el denunciante explica que bajó la ventana del piloto y los agentes de la Guardia Civil le preguntaron «en perfecto castellano»: «Buenos días, puede pararse aquí al lado, caballero».
El conductor contestó «en catalán»: «Hola, buen día. Claro. Sin ningún problema». En ese momento, continúa el relato de la denuncia, «me bajo y uno de los agentes se dirige a la ventana del conductor para pedirme una identificación, siempre hablando en castellano».
El conductor, «siempre hablando en catalán», les da la documentación y pregunta a los guardias civiles si apaga el coche.
Es entonces cuando, de acuerdo con la reclamación que ha llegado a manos del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, «el afente me pide, mientras coge mis documentos»: «¿Puede hablarme en castellano?». El conductor respondió, «con aire seguro pero despreocupado», que «no».
El relato sostiene que el número de la Guardia Civil encaja el no con una «ligera crispación y sin perder las buenas formas» para, a continuación, instar al conductor a «bajar del coche y abrir la puerta de atrás».
El conductor explica que hizo a los agentes, quienes le hicieron «varias preguntas rutinarias» y le dicen que «puede marchar».
Sin embargo, el denunciante narra que «en ese momento aprovecho para decirles que no sólo no tengo la obligación de hablarles en castellano, ya que estamos en el país valenciano y la lengua propia del país es la catalana, si no que ellos, como miembros del servicio público, están obligados, como mínimo, a comprenderla e incluso deberían de contestarme en mi lengua».
Ante esta situación «me preguntaron en qué sitio está estipulado que ellos deban hacer eso y afirmaron que son representantes del Estado español, cuya lengua oficial es el castellano, y que es la que ellos han de usar en todo el país».
El denunciante narra que les contestó que «la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado , pero también reconoce que hay regiones con lenguas propias que se han de proteger y respetar».
Según la versión recogida en el documento sobre quejas lingüísticas, el conductor sostuvo ante los agentes de la Benemérita que «El Estatuto de Autonomía también establece el derecho a ser comprendido en mi lengua, que es el catalán».
En el transcurso de esa conversación, el denunciante subió al coche y, una vez dentro, «les pedí su número de identificación, ante lo que los agentes mostraron su chaleco, donde lo llevan impreso, para que lo pudiera escribir, y le dijeron que podía irse».
«¿Yo te entiendo todo el rato?»
Esta última pregunta la hizo y castellano, ante lo que uno de los agentes le contestó: «¡Ah! ¿Ahora sí que me entiende?». El conductor replicó: «Yo entiendo todo el rato, el que no me entiende eres tú». Llegado ese punto, «me hizo el signo de marchar y me fui hacia casa».
Esta denuncia, recopilada por la Plataforma de la Llengua, autoproclamada como la «ONG del catalán», ha llegado este jueves a manos de la Sindicatura de Greuges, el organismo de la Generalitat equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana.