Las nuevas normas del Tajo-Segura aprobadas «sin consenso» por el Gobierno de Sánchez: «Un golpe letal»

El trasvase del Tajo-Segura vuelve a ser objeto de disputa entre el Gobierno autonómico y el central. El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha mostrado su «más firme rechazo» a la aprobación por la Comisión de Explotación del Ministerio de Transición Ecológica de las nuevas reglas de explotación este embalse «sin consenso técnico ni territorial y de espaldas a los regantes y agricultores».

«El Gobierno vuelve a castigar a la Comunidad Valenciana. Una vez más, se imponen decisiones ideológicas que afectan directamente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias del sur de la provincia de Alicante», ha declarado Barrachina. «Ni han contado con nosotros, ni han escuchado las propuestas técnicas. Esto no es gestión del agua, es un puro castigo político».

Hasta el momento, los embalses de cabecera necesitaban acumular 1.300 hectómetros cúbicos para que se pudieran aprobar los trasvases máximos de 60 hm³ mensuales. Sin embargo, con las nuevas reglas de explotación, ese umbral se eleva a 1.600 hm³, lo que implica que incluso en un periodo de abundancia hídrica como el actual, con 1.527 hm³, no sería posible autorizar envíos de 60 hm³ al mes, sino únicamente de 24 hm³.

Situación de sequía nivel 3

En situación de sequía nivel tres se pasaría de hasta 20 hm³ mensuales a 9 en 2027, si descontamos los 7,5 dedicados a consumo humano el resultado real sería que en lugar de los actuales 12,5 hm³ nos quedaríamos solo con 1,5 hm³, una reducción de casi el 90 % que hace inviable, por los costes de mantenimiento, el trasvase.

«La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez representa un golpe letal para el sistema del trasvase, considerado esencial para el abastecimiento y el desarrollo de la provincia de Alicante. Al elevar el umbral de reservas en los embalses de cabecera para autorizar los trasvases máximos, se impone una condición casi imposible de cumplir, incluso en momentos de abundancia hídrica, lo que limita seriamente su viabilidad».

«Se ha roto el diálogo»

«Esta decisión, sin aval técnico y únicamente política, ignora las necesidades reales de millones de personas y del sector agrícola, generando incertidumbre, resentimiento territorial y poniendo en jaque el desarrollo económico de una de las zonas más productivas del país», ha recalcado Barrachina.

El consejero ha denunciado que se ha roto el diálogo que debe regir en cualquier reforma estructural que afecte a un recurso tan sensible e imprescindible como el agua: «Han cerrado la puerta a una solución pactada y sostenible, y eso es una irresponsabilidad que vamos a pagar todos. Los regantes necesitan certezas, no recortes arbitrarios ni decisiones impuestas desde un despacho en Madrid».

En palabras de Barrachina, la Comunidad Valenciana no puede seguir siendo «víctima de los intereses políticos de Pedro Sánchez, quien utiliza el trasvase como instrumento de su discurso medioambiental». Por lo que, tras conocerse las nuevas normas, el consejero ha anunciado que la Generalitat Valenciana va a exigir al Miteco que reabra el proceso de diálogo con todas las comunidades afectadas: «Vamos a defender con firmeza los derechos hídricos de esta tierra, y no vamos a aceptar que se siga discriminando a la Comunidad Valenciana por criterios ideológicos».

«Esto no va solo de agua. Va de dignidad, de desarrollo y de respeto institucional. Desde el Consell de Carlos Mazón vamos a estar al lado de nuestros agricultores y regantes, frente a cualquier decisión que comprometa su futuro», ha concluido el consejero en sus declaraciones.