El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra para la Transición Ecológica, Sara AagesenEuropa Press

El agravio de Sánchez a Alicante para acallar a Page: la provincia se seca con el trasvase Tajo-Segura en el aire

Empresarios, regantes y administraciones denuncian una maniobra política sin base técnica

El Gobierno de España ha encendido todas las alarmas en el sureste peninsular con su plan de recorte del trasvase Tajo-Segura. En un momento de tensión política, con la presión creciente del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa un tijeretazo que golpea directamente a la provincia de Alicante. El cambio en las reglas de explotación del trasvase, que prevé una reducción progresiva del 50 % en los volúmenes destinados al regadío a partir de 2027, amenaza con dejar a la agricultura alicantina sin su principal sustento hídrico.

Alicante, que ya se encuentra en una situación límite -con solo un 31,43 % de su capacidad embalsada, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica- es una de las provincias más castigadas por la escasez de agua. La situación contrasta con otras cuencas del país: el Tajo supera el 85 % de su capacidad, el Júcar se sitúa por encima del 63 %, y la media nacional ronda el 77 %. Sin embargo, la cuenca del Segura, de la que depende buena parte del regadío en la provincia, apenas alcanza un 29,6 %, colocándose a la cola de toda España.

Lejos de plantear soluciones integrales, el Ejecutivo central ha optado por endurecer los criterios del trasvase, elevando los umbrales de reserva en los embalses de cabecera e imponiendo límites más estrictos en los niveles 2 y 3. En la práctica, esto implica menos agua disponible y más incertidumbre para los agricultores. «Se acabó lo que se daba», advierte José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, en una carta abierta donde denuncia que el recorte responde a presiones políticas, no a criterios técnicos: «Su aprobación sería el epitafio de una infraestructura histórica y necesaria para la continuidad de la agricultura del Levante español».

La provincia gestiona el 10 % de toda el agua reutilizada en Europa y ha desarrollado una agricultura intensiva que no solo es sostenible, sino que constituye un pilar económico clave. El tijeretazo al trasvase pone en riesgo miles de hectáreas de cultivo, así como el entramado industrial vinculado al sector: transformación, logística, exportación y empleo. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha advertido que la falta de agua impactará de lleno en la competitividad de toda la cadena agroalimentaria.

Carlos Mazón durante su intervención en el acto celebrado en Murcia

Carlos Mazón durante su intervención en el acto celebrado en MurciaGVA

El malestar se ha extendido también a las instituciones. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acusa al Gobierno de actuar sin diálogo y anuncia que recurrirá «a todos los medios a su alcance» para revertir el recorte. La Diputación de Alicante, por su parte, ha calificado la medida de «alicantinofobia» y ha anunciado la creación de un comité técnico para analizar y contrarrestar los efectos de esta decisión.

Para los regantes, el mensaje es claro: no hay negociación, solo imposición. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), ha advertido que «no va a haber paz para los causantes» de este recorte. La movilización celebrada la pasada semana en Murcia podría ser la antesala de una ofensiva mayor por parte de agricultores, empresarios y administraciones.

Por su parte, Andreu no se guarda nada en su crítica. Equipara el recorte hídrico con el apagón eléctrico que sacudió el país el pasado 28 de abril: «El apagón en forma de colapso eléctrico (…) puede equipararse al que Sánchez quiere imponer a nuestro sector agrario». Y cuestiona directamente el discurso del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, quien celebró el envío de 180 hectómetros cúbicos en este trimestre como si fuera un logro: «Habla de 'menudo castigo', como si fuese un regalo (…) cuando es simplemente una obligación legal».

Desde ASAJA se exige un plan serio de infraestructuras hídricas que incluya todas las fuentes posibles: reutilización, depuración, desalación y, por supuesto, trasvases. «Dejarnos sin trasvases es una irresponsabilidad; es dejarnos a oscuras de repente, sin previo aviso», advierte Andreu.

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