Convocan una huelga general el 29 de mayo en la Comunidad Valenciana endosando a Mazón competencias de Sánchez

La izquierda valenciana sabe que su futuro político pasa por mantener, a cualquier precio, la presión social por la gestión de la dana que hizo la Generalitat Valenciana aquel 29 de octubre. Hasta aquel día las encuestas electorales apuntaban a una victoria cada día mayor de Carlos Mazón; desde aquella fecha de hace seis meses las fuerzas se han equiparado. El Gobierno valenciano lleva seis manifestaciones en las calles de Valencia y la séptima, tras la suspensión de la de abril, llegará el 29 de mayo, justo el día en el que se cumplen siete meses de la tragedia y jornada en la que cuatro sindicatos han cnvocado una huelga general en la Comunidad Valenciana. La convocatoria no tiene desperdicio, ya que de las ocho reivindicaciones, seis son competencia exclusivamente del Gobierno que preside Pedro Sánchez, aunque Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS las utilizan para agrandar la lista de motivos contra Carlos Mazón.

El manifiesto, publicado por Intersindical, para justificar la convocatoria de una huelga general en la Comunidad Valenciana argumenta la relación entre la tragedia de la dana, posibles responsabilidades políticas del presidente de la Generalitat Valenciana y el movimiento laboral. De esta forma comienza justificando que la «herida abierta» por el 29 de octubre «no podrá empezar a sanar hasta que los responsables paguen por su actuación criminalmente negligente», como si la Justicia no estuviera ya en plena instrucción que tiene imputada a la consellera responsable de Emergencia, Salomé Pradas, en aquel 29 de octubre. Los sindicatos firmantes argumentan la responsabilidad de Mazón por aparecer «demasiado tarde», como si la gestión dependiera únicamente de la presencia del presidente en el Cecopi.

Pese a ser un manifiesto con un claro guión político únicamente contra el líder popular, los sindicatos prosiguen atacando al empresariado valenciano, acusándoles de haber ocultado « a su plantilla lo que estaba sucediendo, privándola de mirar el móvil para que no abandonaran su puesto de trabajo o coaccionándola para que acudiera, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas en algunas comarcas y los avisos de riesgo muy grave en otras». La solución sindical, que forma parte del argumentario de la convocatoria de huelga general, estima que la reconstrucción debe «la dimisión de Carlos Mazón con la consiguiente caída de todo el Consell».

Como si la recuperación de Valencia sólo fuera un proyecto autonómico, los sindicatos atacan posteriormente a la admnistración por la situación de la vivienda, incluyendo a los temidos fondos buitres, añadiendo después como justificación de la huelga «los recortes en los servicios públicos que se están llevando a cabo por parte del Consell en todos los ámbitos: sanidad, educación, servicios sociales y servicios de emergencia».

Lo más curioso llega en el apartado de «exigencias», que se muestran como los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta protesta sindical. De los ocho puntos, sólo dos pudieran adscribirse a competencias autonómicas, el resto son responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que la futura huelga general del 29 de mayo en la Comunidad Valenciana se basa en la gestión de la dana, pero los sindicatos «exigen» cuestiones ajenas a la gestión de la tragedia y conceptos que no dependen de la Generalitat Valenciana.

En el primer punto se exigen «responsabilidades penales», materia que derivará de la instrucción que lleva a cabo la jueza de Catarroja; en segundo lugar se pide que toda persona afectada o víctima de la dana pueda recibir la incapacidad permanente y la correspondiente prestación vitalicia, aprobaciones que dependen de la Seguridad Social; hasta el tercer punto no se encuentra una reclamación que se podría ajustar a las competencias autonómicas, cuando se pide el cese de las «privatizaciones»; en cuarto lugar se pide que los empleados afectados por el ERTE de la dana cobren el 100% del sueldo, materia que es competencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz; misma responsable en la quinta «exigencia» con el permiso retribuido y también en la sexta con la reducción de la jornada laboral «a 32 horas o cuatro días»; los sindicatos incluyen también la recuperación de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, materia que si depende de una administración es más de la nacional que de la autonómica. El octavo punto apunta al derecho a la vivienda, una cuestión en la que ha fracasado estrepitosamente el Gobierno de Pedro Sánchez, dejando sin margen de actuación a las autonomías y, por consiguiente, traslando la problemática a la acción municipal.

Así que el 29 de mayo hay una huelga en la que se pone el foco sobre Mazón, pero en su argumentario depende poco o nada la actividad del presidente de la Generalitat Valenciana. Ni rastro de exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez.