Sequía y desertificación
Sánchez condena a Alicante a convertirse en el «desierto de Europa» con el recorte inmediato del trasvase Tajo-Segura
La Generalitat Valenciana reclama los informes técnicos que avalan el recorte de agua que ejecutará el Gobierno
El tema del agua y sus derivadas son de las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana. Lo ha sido históricamente y lo sigue siendo en la actualidad, máxime cuando la sequía es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la región y cuando la política hídrica que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez recorta de manera drástica el trasvase Tajo-Segura, con todo lo que ello conlleva, tanto a nivel medioambiental como económico y de otros ámbitos
En este sentido, el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmado que «ya sabemos por qué Pedro Sánchez pasará a la historia, más allá de los escándalos diarios que afectan a su familia y a su partido: por ser el presidente que acabó con la agricultura en la provincia de Alicante». El dirigente ha hecho estas declaraciones después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confirmara que los caudales ecológicos del río Tajo no se van a implantar de forma progresiva hasta 2027, sino que deben aplicarse de forma inmediata.
Ante ese órdago del Ejecutivo central, Barrachina ha criticado que el Ministerio que dirige la también vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en vez de buscar el diálogo y el acuerdo, «opte por imponer restricciones de manera unilateral, perjudicando tanto el presente como el futuro del sector agrícola de la Comunidad Valenciana».
«Auténtica cacicada»
Además, ha señalado que estas decisiones «responden únicamente a intereses políticos y carecen de respaldo técnico, más aún cuando la cabecera del Tajo presenta actualmente niveles históricos de reservas de agua embalsada». Igualmente, el consejero ha denunciado lo que considera una «auténtica cacicada» del Gobierno de Sánchez. Al socialista le reprocha haber elegido una estrategia de «restricciones y confrontación» en lugar de buscar «acuerdos consensuados que aseguren un reparto justo y equilibrado del agua».
«Están en peligro diez millones de árboles y 15.000 empleos», ha remarcado, a la vez que ha recordado que la Generalitat Valenciana, junto a la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, han solicitado al Gobierno central una reunión urgente, así como máxima transparencia ante la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y, por el momento, «seguimos esperando respuesta».
Por último, Barrachina ha puntualizado con contundencia: «Aquellos que nos vendieron las desaladoras como la alternativa al trasvase ahora reconocen que no van a tener listas las infraestructuras necesarias a tiempo, lo que significa dejar a los regantes sin agua y condenar a la huerta de Europa a ser el desierto», ha zanjado.
