La Diputación de Castellón alza la voz en Madrid por una financiación justa para los municipios

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, ha viajado este miércoles a Madrid para alzar la voz junto a varios alcaldes de la provincia, reclamando un reparto más equitativo de los fondos estatales que permita a los municipios ofrecer servicios públicos de calidad.

«Hoy, desde las puertas del Congreso de los Diputados, decimos basta. Basta de silencios, de bloqueos y de ignorar a las administraciones que sostienen el día a día de miles de castellonenses», ha declarado Barrachina durante su intervención.

La presidenta provincial ha participado en la concentración organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por su presidenta María José García-Pelayo. El acto ha servido para visibilizar la difícil situación financiera que atraviesan los gobiernos locales y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.

«Estamos aquí para defender a los ayuntamientos y a la Diputación de Castellón, instituciones que atienden de forma directa las necesidades de nuestros vecinos, pero que siguen siendo olvidadas por el Gobierno de España», ha añadido la presidenta provincial.

Entre las principales demandas trasladadas al Ejecutivo está el pago inmediato de las cantidades que por ley corresponden a los ayuntamientos por la recaudación estatal. «Es la única vía para aliviar la presión económica que sufrimos y que impacta directamente en los servicios que reciben los ciudadanos», ha insistido. Según datos actuales, el Gobierno debe a los municipios españoles un total de 221 millones de euros, de los cuales más de 105 millones corresponden a la Diputación de Castellón.

Además, se ha reclamado la posibilidad de destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, con el fin de impulsar la recuperación económica local. Otra petición destacada ha sido la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, que lleva más de tres años sin reunirse de forma ordinaria.

«La situación es crítica. Los costes de personal y contratos aumentan, los gastos crecen, pero los ingresos permanecen estancados. A ello se suma la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado, que agrava aún más la parálisis institucional. Todo ello pone en riesgo la capacidad de los ayuntamientos y diputaciones de planificar e invertir», ha denunciado la presidenta provincial, concluyendo con un mensaje claro: «Decimos basta a esta situación insostenible».