Una jueza abre diligencias por la filtración de un audio reservado entre Aemet y Emergencias el día de la dana

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar la filtración de un audio incompleto de la conversación mantenida el 29 de octubre de 2024, en plena emergencia por la dana, entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnico del servicio de emergencias 112 de la Comunidad Valenciana.

El auto, fechado el 9 de julio y adelantado por eldiario.es, responde a una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia. Según se expone, podrían haberse vulnerado los artículos 197.1 y 3 del Código Penal, que tipifican como delito el descubrimiento y revelación de secretos por parte de particulares.

La investigación parte de una denuncia de la presidenta de Aemet, quien alertó al Ministerio Fiscal de la publicación, en febrero de este año, de la citada conversación en un medio digital. La Fiscalía destaca que el contenido de la llamada, que tuvo lugar hacia las 12:05 del 29 de octubre, tiene «carácter reservado», ya que se enmarca en la gestión de una emergencia. Además, recuerda que, según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, este tipo de información solo puede compartirse con fines operativos o a solicitud judicial.

El audio fue publicado de forma «incompleta y manipulada», según recoge la denuncia del Ministerio Público, y posteriormente difundido por otros medios. La grabación se encontraba almacenada en el sistema 'Coordcom' del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana, con sede en l' Eliana, lo que determina la competencia territorial del juzgado de Llíria.

El auto judicial ordena diversas actuaciones, entre ellas el ofrecimiento de acciones a la Aemet y a la Generalitat Valenciana como partes perjudicadas. Además, se solicita al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria que identifique a las dos profesionales implicadas en la conversación, quienes deberán prestar declaración en calidad de testigos y posibles perjudicadas.

La jueza también requiere a la empresa editora del medio que publicó la grabación que remita tanto la versión difundida como la íntegra del archivo de audio. Por otro lado, se ha encomendado al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial que investigue el protocolo de conservación de grabaciones en el centro de emergencias, cómo se accede a ellas y quién accedió al archivo en cuestión entre el 29 de octubre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, fecha de su publicación.

Finalmente, se incorporan a la causa los documentos de las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía, incluida la denuncia original y los informes policiales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia ya remitidos a los juzgados de Catarroja.