El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con José María Ángel Batalla
El comisionado de Sánchez para la dana alega que solo necesitaba el Bachillerato para llegar a funcionario
José María Ángel Batalla defiende su inocencia pero sin negar las acusaciones de Antifraude de Valencia, que sospecha que falsificó su título universitario
José María Ángel Batalla, el comisionado especial para la dana nombrado por Sánchez, ha roto su silencio después de que haya trascendido que la Agencia Antifraude de Valencia sospecha que falsificó su título universitario para llegar a funcionario.
Este socialista histórico asegura que no ha existido «ninguna irregularidad en mi acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico» tres años después. «Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias», asegura.
«Esa plaza la obtuve tras la superación del correspondiente proceso selectivo, Concurso-Oposición libre, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de agosto de 1982 (...). Los requisitos formativos para poder presentarse a esta convocatoria (base Segunda) eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente», alega José María Ángel Batalla en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.
«Y como acreditación de los méritos, aporté copia de los títulos de 5 cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones», añade, sin aludir al título universitario que, según cree la Agencia Antifraude de Valencia, habría falsificado pese a no haber finalizado los estudios. El título en cuestión es una diplomatura en Archivística y Biblioteconomía.
Por último, en alusión a la «supuesta investigación de Antifraude», como así la llama, el comisionado especial para la dana dice esta sorprendido por haber tenido conocimiento de la misma «a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad».
«Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que como en mi caso llevamos más de 40 años de servicio público», añade José María Ángel Batalla, para después concluir. «Anuncio que estoy dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino y defender mi nombre, mi honestidad y mi honorabilidad tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional».