El CGPJ abre una investigación a la jueza de la dana de Valencia por la presencia de su marido durante la instrucción

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación a la jueza encargada de la instrucción del conocido caso de la dana de Valencia. Nuria Ruiz Tobarra es la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y ahora su proceder está siendo analizado por parte del organismo superior para esclarecer si se han cometido diversos fallos en plena fase inicial de la investigación.

Por una parte se investiga el papel que haya podido ejercer o influenciar su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Este punto se debe a las quejas elevadas tanto por las defensas de la exconsellera Salomé Pradas como por parte de su exnúmero dos en Emergencias, Emilio Argüeso, quienes solicitaron al propio Juzgado de Ruiz Tobarra que confirmara si la pareja de la togada «tiene autorización para participar en la instrucción».

A su vez, la defensa de Argüeso presentó una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hiciera hace dos meses la exconsellera Salomé Pradas, la otra investigada en esta causa, solicitando que se aparte a la jueza instructora del caso por la presencia de su marido, asignado en otro Juzgado de Valenica, durante algunas de las tomas de declaraciones.

Ahora será el CGPJ el que determine si la presencia de Martínez Ribera, asignado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, está autorizada y no influye en la parte inicial de la investigación y declaraciones que lleva a cabo su esposa Ruiz Tobarra.

La otra parte de la investigación abierta por parte del organismo constitucional, avanzada por OkDiario, se centrará en determinar si existe «sesgo» en la propia instrucción de la jueza de la dana. Este asunto ya ha sido punto de discrepancia, especialmente para las defensas de Pradas y Argüeso, así como de diferentes acusaciones.

En determinados momentos todos han coincidido en mostrar sus quejas ante las formas utilizadas por la jueza en sus escritos para negarse a investigar el papel de cualquier otra administración que no sea a la Generalitat Valenciana, añadiendo juicios de valor con respecto al tiempo transcurrido hasta el envío del mensaje Es-Alert así como para calificar el trabajo que se realizó en el Cecopi durante el 29 de octubre.