Imagen de un viñedo arrasado por la dana en Utiel
El Gobierno se queda con parcelas privadas arrasadas por la dana de Valencia y aún no ha indemnizado a sus propietarios
La dana que azotó la Comunidad Valenciana en octubre del pasado año dejó tras de sí un paisaje agrícola destrozado. En comarcas como Requena-Utiel, las lluvias torrenciales y las riadas arrasaron con viñedos enteros y modificaron el curso de los ríos. Hoy, buena parte de esas tierras han sido absorbidas por el Estado al considerarse de Dominio Público Hidráulico (DPH), lo que deja a sus dueños sin tierras y, por ahora, sin indemnizaciones claras.
Según denuncia La Unió Llauradora, alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana se encuentran en un 'auténtico limbo': sus propietarios no saben ni cuándo cobrarán ayudas ni en qué cantidad, pese a que han pasado ya casi diez meses desde la catástrofe. A esta situación se suman otras explotaciones que, sin haber sido incluidas en el DPH, siguen sin repararse, lo que pone en riesgo incluso la próxima vendimia .
Han incorporado mis parcelas al Dominio Público Hidráulico, así que sigo sin tener mis tierras, que ya no existen, y sin saber a qué atenermeAgricultora de Requena
El concepto de Dominio Público Hidráulico se refiere a todas aquellas aguas y terrenos que forman parte de ríos, ramblas, embalses o márgenes inundables. Son bienes que, por ley, pasan a ser de titularidad pública y que no pueden estar en manos privadas. Esto significa que un agricultor que tenía allí su viñedo o su campo de olivos deja de ser propietario de su tierra, ya que ahora forma parte del cauce o de la zona protegida.
En la práctica, esto afecta directamente a la economía rural: los agricultores pierden su principal fuente de ingresos y se enfrentan a una maraña burocrática para reclamar compensaciones. Parcelas con viñedos en plena producción, con derechos de riego e incluso con ayudas de la Política Agraria Común (PAC) reconocidas, han quedado integradas en el DPH. Esto genera un fuerte impacto no solo económico, sino también jurídico, porque los dueños pierden la seguridad de sus derechos y dependen de lo que resuelva la administración .
Desde el terreno, los testimonios ponen rostro a esta situación. Laura Pérez, agricultora de Requena, cuenta que todavía en julio le estaban peritando sus cuatro hectáreas de viña, desaparecidas junto al río Magro: «Han incorporado mis parcelas al Dominio Público Hidráulico, así que sigo sin tener mis tierras, que ya no existen, y sin saber a qué atenerme».
El vicesecretario general de La Unió, Luis Javier Navarro, calcula que parcelas como la de Laura, destinadas a uva para cava y con buenos rendimientos gracias al riego, han supuesto más de 50.000 euros de pérdidas en un solo año . Otro agricultor, Antonio García, de Utiel, lamenta que «se acerca la vendimia y no voy a poder entrar a cosechar la uva porque, pese al compromiso del Gobierno y Tragsa, no me han reparado las parcelas» .
Imagen de archivo de una parcela agrícola arrasada por la dana
La organización agraria reclama al Ministerio de Transición Ecológica claridad administrativa: que las nuevas delimitaciones del DPH se reflejen en el visor público SIGPAC, que se notifique de forma individual a cada propietario y que se les dé la oportunidad de alegar. También pide una compensación justa, que no solo tenga en cuenta el valor de la tierra, sino la pérdida de productividad y de renta.
Exigen, además, que se mantengan los derechos de la PAC y de plantación de viñedo, para poder activarlos en otras parcelas en el futuro, y que se respeten los derechos de riego y uso de pozos, trasladándolos a nuevas fincas. El Debate ha comprobado en la web del SIGPAC que, hasta la fecha de redacción de este reportaje, las delimitaciones no estaban actualizadas, lo que incrementa la incertidumbre entre los agricultores.
La Conselleria de Agricultura ha anunciado un paquete de 145 millones de euros en ayudas, de los cuales 103 millones se ejecutarán en 2025, además de 25 millones para obras hidráulicas. La oposición critica al Gobierno central por su «silencio inaceptable» y denuncia que las compensaciones que se barajan están por debajo del valor real de las tierras .
Ayudas del Gobierno: lo pagado y lo pendiente
En el ámbito estatal, el Ministerio de Agricultura informa de que hasta julio de 2025 se habían abonado más de 77 millones de euros a 9.242 agricultores por pérdidas de renta. También se han concedido créditos a bajo interés a través de una línea ICO, aunque más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por problemas de tramitación. A esto se suman las indemnizaciones de Agroseguro, que ya ha pagado 51 millones de euros a explotaciones aseguradas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas
El pasado 15 de agosto se publicó, además, un listado con 2.579 agricultores que recibirán 15 millones de euros adicionales para cubrir daños no asegurados, y 31 viveros que accederán a 2,3 millones para reparar desperfectos. Sin embargo, la realidad es que muchos afectados aún no saben cuándo ni cuánto cobrarán, sobre todo aquellos cuyas parcelas han pasado a ser dominio público, ya que el Gobierno no ofrece cifras concretas para estos casos.
