El impacto de la dana en el vino valenciano: trabajos de reparación pendientes y sin «compensación» económica

La dana del pasado 29 de octubre, que arrasó Valencia y afectó a más de 80 municipios, supuso también un duro golpe para todo el campo valenciano, y en particular, para la viticultura. Las inundaciones provocaron daños en más de 15.000 hectáreas de viñedos de la provincia, especialmente en la zona de Utiel-Requena, donde este sector tiene un gran peso, y ha supuesto que muchos bodegueros estén en vilo desde entonces.

Muchas parcelas de viñedos quedaron completamente arrasadas y los agricultores se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir sus cultivos de cero. Los sindicatos agrícolas aseguran que, aunque no ha afectado directamente a la producción, la situación de cara a medio y largo plazo es incierta y algunas bodegas perderán la oportunidad de elaborar vino el próximo año.

La pasada vendimia se salvó de la dana porque el 29 de octubre toda la uva ya estaba recolectada. Pero los sindicatos agrícolas critican que la gestión política llevada a cabo después del temporal amenaza con provocar graves mermas en la próxima cosecha. Así lo advierte la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que informa que la brotación de la vid va a empezar de manera generalizada en los próximos días y urge al Gobierno a acelerar inmediatamente los trabajos de reparación de los viñedos damnificados para evitar así posibles daños en la futura producción de uva.

Tanto sindicatos agrícolas como la Unió de Llauradors y AVA-ASAJA critican el papel de las administraciones en el reparto de las subvenciones de los damnificados del sector agrícola. AVA ha enviado múltiples cartas a Jesús Casas, presidente de TRAGSA, la empresa pública que se encarga de las reparaciones de las infraestructuras y explotaciones agrarias afectadas por la riada, y a José María Ángel, comisionado del Gobierno para la recuperación tras la dana, con el objeto de manifestarles «la enorme preocupación de los viticultores afectados» y solicitarles una actuación inaplazable.

Trabajos de reparación pendientes

En el caso del comisionado del Gobierno, AVA-ASAJA le reitera, tal como propuso durante una reunión mantenida hace unas semanas, que agilice los trabajos «bien a través de TRAGSA, bien a través de los propietarios de las parcelas por medio del pago de una compensación proporcional a la peritación», una iniciativa que «contribuiría a adaptar las obras en función del ciclo de los cultivos y las prioridades de los agricultores».

Según denuncian los viticultores, la mayoría de los trabajos de reparación aún están pendientes de realización y, en muchos casos incluso de peritación de daños en las explotaciones de uva situadas en las zonas damnificadas por la dana, sobre todo en las comarcas de Utiel-Requena, Hoya de Buñol y Ribera Alta.

«El problema es que en las tres próximas semanas va a empezar la brotación de la vid; de hecho, ya ha comenzado la brotación en el caso de las variedades más tempranas. Si durante las reparaciones de estas parcelas, donde se requiere una maquinaria especializada en marcos de plantación estrechos, se echase tierra sobre las cepas, podría producirse una caída de las yemas y, por tanto, una pérdida grave de la siguiente producción de uva», afirma el responsable de la sectorial del vino de AVA-ASAJA, José Luis Robredo.

La asociación también alerta de perjuicios similares en otros cultivos afectados por la DANA en las zonas del interior, como los almendros y los olivos. Con la llegada de la primavera y el aumento consecuente de las temperaturas, estas producciones adelantarán sus ciclos vegetativos y se encontrarán más vulnerables frente al movimiento de tierras, piedras y otros enseres arrastrados por la riada.

La 'Cosecha en verde'

Además de la situación crítica en la que ha quedado la viticultura en la provincia de Valenciana, la Consejería de Agricultura decidió no solicitar la ayuda a la cosecha en verde dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), por lo que deja fuera a los viticultores valencianos de «una medida clave para mejorar la rentabilidad del sector y estabilizar el mercado del vino», según denuncia AVA-ASAJA.

El pasado 14 de enero las asociaciones emitieron un escrito a la Consejería solicitando que ejerciese su posición de acogerse a esta ayuda, pero no ha sido incentivo suficiente para que la administración autonómica se retracte en su postura. Los argumentos del área de Agricultura han sido que la cosecha verde es una medida de carácter excepcional y coyuntural, incompatible con otros objetivos de recuperación productiva tras los daños causados por la dana.

Las organizaciones agrarias consideran esta decisión un grave error que perjudica a los viticultores valencianos. En primer lugar, porque la producción de uva de vinificación en la Comunidad Valenciana «no se concentra ni mucho menos de forma exclusiva en las zonas afectadas por la dana». En segundo lugar, porque la superficie acogida a la cosecha en verde en las últimas convocatorias ha sido extremadamente baja en comparación con el total de viñedo de la región: en 2023 apenas se acogieron 483 hectáreas y 130 viticultores, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 1.115 hectáreas y 306 viticultores, representando un porcentaje mínimo en comparación con las más de 57.000 hectáreas de viñedo existentes.

Mientras la Comunidad Valenciana ha decidido renunciar a esta ayuda, otras seis comunidades autónomas productoras sí han apostado por ella, como es el caso de Galicia, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Murcia, que han solicitado un total de 19,2 millones de euros en fondos para esta medida. Cabe destacar que muchas de estas regiones, con una clara orientación a la producción de calidad, utilizan la cosecha en verde como un instrumento para mejorar el valor añadido de sus vinos, regulando la oferta y asegurando la rentabilidad de sus explotaciones.

Por todo ello, LA UNIÓ, AVA y CCPV-COAG instan a la Consejería de Agricultura a rectificar y solicitar de forma excepcional la aplicación de esta medida al Ministerio de Agricultura, a pesar de que el plazo ordinario concluyó el 15 de enero. «No es de recibo ni se puede permitir que los viticultores valencianos se queden sin esta herramienta voluntaria, pero de apoyo, que les permitiría afrontar con mayores garantías la próxima campaña», concluyen en un comunicado.