Encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca
La asfixia de Sánchez a la Comunidad Valenciana por estrategia partidista: de la comisión de la dana al Fondo de Liquidez Autonómico
La relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España durante la etapa del Partido Popular al frente del Consell ha estado marcada por un bloqueo institucional sostenido. Mientras Carlos Mazón presidió la Generalitat, Pedro Sánchez se negó a reunirse con él y rechazó de forma sistemática las principales reivindicaciones del Gobierno valenciano. La falta de diálogo no fue puntual, sino una estrategia política que tuvo un objetivo claro: debilitar al adversario. Esa dinámica ha tenido efectos directos en la gestión de la dana, en la financiación autonómica, en la política hídrica y en la defensa de miles de viviendas amenazadas por la aplicación más dura de la Ley de Costas.
La dana que golpeó la provincia de Valencia evidenció desde el primer momento esa ausencia de cooperación. La Generalitat asumió la respuesta inmediata y la reconstrucción, mientras el Ejecutivo central evitó activar los mecanismos habituales de coordinación entre administraciones, pese a tratarse de una catástrofe de gran magnitud.
Bloqueo y una comisión que no llegaba
Tras la riada, Mazón remodeló su Consell y creó la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Social y Económica, al frente de la cual situó a Francisco José Gan Pampols. El objetivo era centralizar la reconstrucción y establecer una interlocución directa con el Estado. En paralelo, Sánchez nombró comisionado del Gobierno para la dana al socialista José María Ángel Batalla. Sin embargo, esa doble estructura nunca funcionó como un espacio real de cooperación.
Durante más de un año, la Generalitat reclamó sin éxito la creación de una comisión mixta Estado-Generalitat para coordinar la reconstrucción. El contraste con otros precedentes fue clamoroso. Con el volcán de La Palma, el Gobierno tardó solo once días en poner en marcha ese mismo instrumento. En Valencia, más de 400 días después, la comisión seguía sin existir y la recuperación avanzaba gracias al esfuerzo de la Generalitat, la Diputación de Valencia y los ayuntamientos afectados.
Los principales satélites del 'sanchismo' en la Comunidad Valenciana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, siguieron a pies juntillas el argumentario de La Moncloa y defendieron que la comisión mixta no era necesaria. Esa posición se mantuvo incluso cuando los municipios afectados reclamaban una mayor implicación del Ejecutivo central.
Imagen de archivo de Pilar Bernabé, Diana Morant y Rebeca Torró antes de un acto del PSPV-PSOE
Antes de abandonar el cargo, Gan Pampols hizo pública una información que ilustra bien la situación. Durante su año al frente de la reconstrucción, llamó y escribió en repetidas ocasiones a Diana Morant para intentar coordinar esfuerzos. No obtuvo respuesta. Ni llamadas devueltas ni mensajes contestados. El comisionado estatal tampoco destacó por avances. Su relevo, tras una polémica ajena a la dana, no alteró la estrategia: la nueva responsable, Zulima Pérez, priorizó reuniones con alcaldes socialistas antes que un encuentro de trabajo con la Generalitat.
Cambio de tono solo en lo formal
La situación empezó a moverse tras el relevo en la Presidencia de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca se reunió hace unos días con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, en un encuentro de aproximadamente una hora en el que trasladó al presidente del Gobierno un documento con cien acciones para «avanzar juntos», que combinan reivindicaciones históricas y necesidades derivadas de la dana.
De esa reunión salió, por primera vez, el compromiso de crear la comisión mixta para coordinar la reconstrucción. Pérez Llorca logró arrancar a Sánchez una promesa que la Generalitat llevaba más de un año reclamando sin éxito. La comisión estará integrada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus.
Sin embargo, el propio presidente valenciano dejó claro que no considera este anuncio un éxito. A su juicio, es un mecanismo que debería haberse puesto en marcha desde el primer momento tras la catástrofe. El cambio de posición de Sánchez llega tarde y solo después de la salida de Mazón del Palau. La lectura política es evidente: mientras el PP siga gobernando la Comunidad Valenciana, la estrategia socialista pasa por no atender de fondo las reclamaciones del Consell.
En la reunión también se abordaron cuestiones clave que siguen sin resolverse: la tramitación por vía de emergencia de las obras pendientes en las zonas afectadas, la exigencia de que las ayudas no tributen y el rechazo a que los 2.500 millones movilizados por la Generalitat se computen como deuda. Pérez Llorca fue claro al reprochar que, ante una catástrofe de esta magnitud, el Gobierno no puede limitarse a permitir más endeudamiento autonómico.
El agua: recortes y contradicciones
El bloqueo institucional se ha reproducido en la política hídrica. El Gobierno de Sánchez ha consolidado el recorte del trasvase Tajo-Segura como eje de su estrategia, una decisión que golpea de lleno a la provincia de Alicante y al conjunto del sureste. Las nuevas reglas de explotación previstas reducirán en 105 hectómetros cúbicos anuales los caudales trasvasados, a lo que se suma el cierre de captaciones subterráneas para cumplir con las exigencias europeas.
Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la desaladora de Torrevieja
El impacto para el regadío puede superar los 300 hectómetros cúbicos anuales. Frente a ello, el Ejecutivo ha situado la ampliación de la desaladora de Torrevieja como la gran alternativa. Sin embargo, el propio diseño de la planificación revela sus contradicciones. Mientras se limita el trasvase del Tajo, los documentos del próximo Plan Hidrológico del Segura reconocen que será necesario recurrir al Júcar para evitar el colapso de varios acuíferos compartidos entre Alicante y Murcia.
La desalación no cubre ese vacío, ni por costes ni por capacidad para abastecer zonas interiores. Los precios previstos, por encima del euro por metro cúbico, hacen inviable su uso para buena parte de la agricultura. Pese a que el Tajo mantiene niveles de almacenamiento muy superiores a los del Segura, el Gobierno mantiene su hoja de ruta, reavivando un conflicto territorial que vuelve a situar a Alicante entre los territorios más penalizados.
Ley de Costas: el caso de Guardamar
El pulso entre administraciones también se ha trasladado al litoral. La decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley valenciana de Costas ha dejado sin cobertura el principal intento del Consell para frenar los derribos de viviendas. El caso más paradigmático es el de las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura.
El mismo día en que Pérez Llorca pidió en la Moncloa la retirada de los recursos contra leyes autonómicas, el Consejo de Estado avaló impugnar la norma valenciana. Algo similar ocurrió en el mes de septiembre, cuando la Conselleria de Cultura acordó suspender cautelarmente cualquier intervención sobre las viviendas por su posible valor patrimonial. Treinta minutos después, el Ministerio para la Transición Ecológica inadmitió el último recurso de los vecinos, cerrando la vía administrativa y dejando el camino despejado para los derribos.
Imagen de archivo de una de las viviendas que el Gobierno quiere derruir en la playa de la Babilonia de Guardamar del Segura
El dictamen del Consejo de Estado sostiene que la Generalitat se extralimitó en sus competencias y refuerza la posición del Gobierno central: no hay margen para soluciones autonómicas si el Ejecutivo decide aplicar la Ley de Costas con la máxima dureza. La suspensión acordada por el Consell quedó, en la práctica, ignorada.
La Diputación de Alicante aprobó una moción para pedir la paralización cautelar de los derribos mientras se tramitaban las declaraciones de valor etnológico. Salió adelante sin votos en contra, con la abstención del PSOE y Compromís. El texto señalaba una clave política: si el Congreso desbloqueara la reforma de la Ley de Costas, cuya toma en consideración ya cuenta con mayoría, desaparecería el choque entre normas. El bloqueo de esa reforma es, para los afectados, una decisión consciente del Gobierno de Sánchez.
Un patrón que se repite
La dana, el agua, la financiación y las viviendas del litoral dibujan un mismo patrón. Mientras Carlos Mazón estuvo al frente de la Generalitat, el Gobierno central optó por el bloqueo y la confrontación. El relevo en la Presidencia ha permitido gestos y promesas, como la comisión mixta, pero no ha cambiado el fondo de la estrategia: no atender plenamente las reclamaciones de un Gobierno valenciano del Partido Popular.
El coste de esa política no es abstracto. Se mide en una reconstrucción más lenta, mayor presión financiera, incertidumbre para el sector agrario y familias pendientes de una orden de derribo. Una factura que ha pagado la Comunidad Valenciana y que evidencia hasta qué punto la lógica partidista ha pesado más que la cooperación institucional.
