Imagen de archivo del río Albaida
El doble rasero del Gobierno con el agua: endurece el trasvase del Tajo y mira al Júcar para sostener al Segura
La futura planificación hidrológica asume nuevos aportes al sureste al tiempo que se consolidan los recortes a las huertas de Alicante y Murcia
La estrategia hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez para el sureste peninsular avanza por dos carriles que difícilmente se explican desde un mismo criterio. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica consolida el recorte del trasvase Tajo-Segura como eje de su política, los documentos oficiales de planificación ya anticipan que la cuenca del Segura necesitará recurrir al Júcar para evitar el colapso ambiental y económico de parte de su territorio agrícola.
La contradicción no es retórica. Los trabajos preparatorios del próximo Plan Hidrológico del Segura (2028-2033) incorporan la posibilidad de recibir hasta 15 hectómetros cúbicos anuales procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó. El objetivo es aliviar la situación crítica de varios acuíferos del Altiplano murciano, sometidos desde hace décadas a una explotación intensiva sin alternativas reales de suministro.
El Júcar como vía de escape
El Esquema de Temas Importantes (ETI) de la nueva planificación, actualmente en fase de exposición pública, detalla con precisión el destino de esos caudales. Siete hectómetros cúbicos se asignarían a la masa de agua subterránea Jumilla-Villena Segura, otros cinco al acuífero Serral-Salinas Segura y tres más a la Sierra de Crevillente. Todas son masas compartidas entre Alicante y Murcia que, aunque adscritas administrativamente al Segura, están conectadas físicamente al sistema del Júcar.
Agua embalsada por cuencas en España
Se trata de zonas que no reciben agua del Tajo-Segura y que dependen casi en exclusiva de pozos para el riego. Una realidad muy similar a la que durante años afectó a los valles del Vinalopó, hoy abastecidos con alrededor de 30 hectómetros cúbicos anuales del Júcar a cambio de reducir las extracciones subterráneas.
La posibilidad de extender ese modelo hacia el este de la cuenca del Segura no es nueva. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha reconocido que esta opción se viene analizando desde hace tiempo y que existen contactos con la Confederación del Júcar para hacerla viable. «No ignoramos que la zona del Altiplano tiene una alternativa que no es estrictamente de la Cuenca del Segura. El Júcar-Vinalopó existe y podría ser clave si se articula administrativamente», afirmó.
Europa fija el calendario
El trasfondo de este planteamiento es el calendario marcado por la Unión Europea. La Directiva Marco del Agua obliga a recuperar el buen estado cuantitativo y químico de los acuíferos antes de 2027, lo que implica frenar de forma drástica la extracción en las masas sobreexplotadas y contaminadas por nitratos.
En el caso del Segura, aplicar esa exigencia sin matices supondría retirar más de 200 hectómetros cúbicos anuales, una reducción que afectaría sobre todo a la Región de Murcia y que tendría consecuencias directas sobre el empleo, la agricultura y la cohesión territorial. El propio Urrea ha reconocido que ese escenario no es asumible. «El impacto socioeconómico de cerrar acuíferos enteros no es asumible tal y como están las cosas», señala, avanzando que se barajan objetivos menos estrictos.
La desalación, aunque imprescindible en la estrategia estatal, tampoco cubre ese vacío. Las plantas previstas no pueden sustituir el agua subterránea en zonas interiores como el Altiplano y, además, su coste sigue siendo un obstáculo para el sector agrario.
Datos que no encajan
El giro hacia el Júcar contrasta con la política aplicada al Tajo. Según los últimos datos publicados por el Ministerio, la cuenca del Tajo almacenaba 6.568 hectómetros cúbicos, el 59,4 % de su capacidad total. El Júcar se situaba en torno al 50 %, mientras que el Segura apenas alcanzaba el 23 %, con solo 263 hectómetros cúbicos embalsados.
Pese a este desequilibrio, el Gobierno mantiene su decisión de endurecer las reglas de explotación del Tajo-Segura, una medida que ha reactivado la contestación social y política en el sureste. Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), su presidente, Lucas Jiménez, ha pedido «cordura» al Ejecutivo y ha advertido de que las nuevas normas obligarán a modificar la ley del trasvase.
El factor económico
Jiménez ha insistido en que la desalación solo puede funcionar como alternativa si el Estado mantiene una fuerte subvención. De lo contrario, los precios previstos -1,17 euros por metro cúbico en Torrevieja y 1,44 en Valdelentisco- harán inviable su uso en la agricultura y la ganadería, con efectos directos sobre los costes de producción y el precio final de los alimentos.
El resultado es una planificación que se apoya en equilibrios frágiles. Se limita el principal trasvase que sostiene al sureste mientras se abre la puerta a pedir agua a otra cuenca con menos recursos disponibles. Una gestión desigual que vuelve a situar el agua en el centro del conflicto territorial y deja al Segura atrapado entre las exigencias europeas, la falta de alternativas viables y decisiones políticas difíciles de justificar desde un enfoque estrictamente hidrológico.
