Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la desaladora de Torrevieja
El Gobierno fía a una desaladora el hachazo de Sánchez al trasvase Tajo-Segura
El Ejecutivo prevé ampliar la planta de Torrevieja para compensar el recorte de las transferencias de agua
El Gobierno ha apostado por la ampliación de la desaladora de Torrevieja como la gran pieza de sustitución frente al recorte de caudales del trasvase Tajo-Segura. La decisión, adoptada en el marco de los planes hidrológicos 2022-2027, sitúa a la desalación como el pilar de la estrategia para garantizar el suministro en el sureste español. Pero el cambio de modelo, impulsado desde el Ministerio para la Transición Ecológica, deja abiertas muchas incógnitas: los costes del agua desalada, los plazos de ejecución de las nuevas infraestructuras y la viabilidad económica del regadío en una de las zonas agrícolas más productivas del país.
Los agricultores del sureste afrontan un escenario inédito. En apenas dos años confluirán dos decisiones que reducirán drásticamente los recursos hídricos disponibles. Por un lado, las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura -que entrarán en vigor previsiblemente en 2027- recortarán en 105 hectómetros cúbicos el volumen anual derivado hacia la cuenca del Segura. Por otro, la aplicación de los planes de protección de las masas de agua subterránea obligará a cerrar numerosas captaciones en zonas clasificadas como sobreexplotadas, lo que supondrá la pérdida de otros 213 hectómetros cúbicos.
La combinación de ambos recortes podría dejar al regadío del sureste con más de 300 hectómetros cúbicos menos al año. En una región donde la agricultura intensiva depende en gran medida del agua del trasvase, el impacto sería directo sobre la superficie cultivada y sobre el empleo asociado a la agroindustria.
Torrevieja, el eje del nuevo modelo
Ante este panorama, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha situado la ampliación de la desaladora de Torrevieja como el principal instrumento de compensación. Según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el aumento de capacidad permitirá incorporar entre 80 y 90 hectómetros cúbicos adicionales de agua al sistema. Esa cifra cubriría prácticamente el déficit que dejará la reducción del trasvase, manteniendo el volumen medio disponible para regadío en torno a los 200 hectómetros cúbicos anuales.
El organismo confía en que esta transición permita mantener la estabilidad en el corto plazo, especialmente durante 2026, gracias a las reservas acumuladas en la cabecera del Tajo tras un ejercicio hidrológico favorable. Sin embargo, advierte de que la plena garantía de suministro, estimada en 280 hectómetros anuales, solo podrá alcanzarse cuando entren en funcionamiento las nuevas plantas desaladoras proyectadas para el litoral murciano y alicantino, un proceso que se extenderá al menos durante cinco o seis años.
Más coste
La apuesta por la desalación introduce un factor que preocupa al sector: el precio del agua. El coste por metro cúbico de la desalación es muy superior al del trasvase, y esa diferencia se trasladará de forma directa a los productores. Para los regantes, la sustitución de recursos naturales por agua desalada supone una factura difícil de asumir en un contexto de márgenes ajustados y competencia internacional.
Imagen de archivo del trasvase Tajo-Segura
La política de aguas subterráneas añade un elemento de tensión adicional. Los planes hidrológicos de 2022-2027 exigen que todas las masas de agua alcancen el buen estado ecológico antes del final del periodo, una meta difícil de cumplir en la cuenca del Segura. El déficit histórico en la gestión y el conocimiento de los acuíferos complica la planificación, y la incertidumbre sobre las medidas que adoptará la CHS ha disparado la inquietud.
La organización reconoce que el control de las extracciones será más estricto y que muchas concesiones deberán revisarse. La expectativa es que, conforme avancen las obras de ampliación de las desaladoras y se incorporen nuevos recursos, los recortes en aguas subterráneas puedan reducirse hasta los 65 ó 75 hectómetros cúbicos, frente a los más de 200 inicialmente previstos.
Coste político y territorial
La política hídrica del Gobierno reconfigura el mapa del agua en España. Mientras el Tajo mantiene niveles de almacenamiento cercanos al 63 % de su capacidad, el Segura apenas alcanza el 17 %, una brecha que explica la dependencia del sureste respecto al trasvase. El Ejecutivo central defiende que los recortes responden a criterios ambientales y técnicos, pero en el Sureste se interpretan como un nuevo golpe a un territorio que ya soporta las mayores restricciones del país.
La ampliación de la desaladora de Torrevieja se erige como el emblema de un cambio impuesto: del modelo del trasvase a otro más caro y con menor competitividad. Una transformación que puede aportar equilibrio técnico a medio plazo, pero que en el corto se traduce en un regadío encarecido, un sector agrario debilitado y un nuevo foco de tensión territorial. Con esta decisión, el Gobierno de Sánchez vuelve a situar a Alicante entre los territorios más penalizados por su estrategia ambiental, en línea con el trato presupuestario que viene recibiendo desde 2022.
