El Ayuntamiento de Alicante alerta de posibles conflictos de interés en la adjudicación de VPP en la Playa de San Juan

Un informe interno del Servicio local de Gestión Patrimonial puso en alerta al Ayuntamiento de Alicante sobre posibles «conflictos de interés» en la adjudicación de viviendas públicas (VPP) en la Playa de San Juan con respecto a empleados y cargos municipales que pudieron haber participado en el expediente.

Así se pone de manifiesto en la denuncia presentada este martes por el Ayuntamiento ante la Fiscalía Provincial de Alicante, a la que ha tenido acceso Efe, para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades.

De nueve páginas, en el escrito se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina Les Naus, en la cotizada Playa de San Juan de Alicante y con piscina, gimnasio y pistas de padel-tenis, y estando muy próximo el cierre del expediente, la cooperativa remitió al Consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales.

Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales «levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo», según la denuncia.

Deber legal de abstención

De esta manera, se elaboró un informe que señalaba estos posibles conflictos de interés apuntando el deber legal de abstención en los casos con interés personal en un asunto de competencia de los empleados o cargos públicos, además de advertir del posible incumplimiento de las condiciones de acceso por la mera condición, nivel y categoría laboral de los adquirientes, que harían previsiblemente imposible cumplir con los requisitos de capacidad económica exigibles para una vivienda social.

El informe incluyó que, al menos, un arquitecto municipal adjudicatario «participó activamente» en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa «sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente» la normativa, la Ley 40/2015.

Por todo ello, el Servicio de Gestión Patrimonial concluyó que podían derivarse responsabilidades a las personas implicadas al tiempo que se podría «afectar a la imagen» del Ayuntamiento.

A la vista del contenido del informe, el alcalde, Luis Barcala, del PP, pidió el pasado 29 de enero un expediente de averiguación de hechos que concluyó que había tres casos concretos de personas relacionadas directamente con el ayuntamiento como adjudicatarias: la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que ya ha dimitido; la directora general María Pérez-Hickman, también dimitida por ser beneficiarios sus dos hijos y un sobrino; y un arquitecto municipal, Francisco Nieto.

Incógnitas no esclarecidas

Pese a que en el expediente de averiguación de hechos se establece que ninguno de los tres intervinieron en los actos nucleares del expediente (ni en la mesa de contratación ni en las resoluciones de adjudicación ni licencias), el ayuntamiento cree que persisten «incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos» durante la investigación interna.

«Preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente» que «pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados», sin descartarse que pudieran haber aprovechado «la posición o información privilegiada de los empleados municipales vinculados» a su cargo.

Por ello, el Ayuntamiento denuncia los hechos a la Fiscalía con el objetivo de que, «sin señalar a priori responsables concretos», éste evalúa la posible relevancia penal.