Viviendas de protección pública de la Playa de San Juan
Quién es quién en el escándalo de las Viviendas de Protección Pública de Alicante
La adjudicación de varias Viviendas de Protección Pública (VPP) en el residencial Les Naus, en el barrio de Playa de San Juan, ha abierto una crisis política en el Ayuntamiento de Alicante. Se trata de la primera promoción de este tipo que se ejecuta en la ciudad en dos décadas y su localización, en una de las zonas con mayor valor residencial del municipio, ha situado el proceso bajo el foco público.
La polémica se centra en la aparición de cargos municipales y familiares directos entre los adjudicatarios de estas viviendas, lo que ha derivado ya en dos dimisiones, la apertura de un expediente informativo y el anuncio de posibles actuaciones judiciales si se detectan irregularidades.
Luis Barcala, alcalde de Alicante
El alcalde y líder del PP en la ciudad ha asumido el control político de la situación desde el primer momento. Luis Barcala ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos y ha asegurado que el Ayuntamiento actuará con «máxima contundencia» para depurar responsabilidades, subrayando que se llegará «hasta el final» si se detecta cualquier irregularidad.
En varias comparecencias públicas, el primer edil ha defendido que el proceso debe analizarse con rigor y ha reclamado una reforma de la normativa que regula el acceso a la vivienda protegida para reforzar la transparencia. Barcala ha avanzado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía cualquier indicio que genere la menor sospecha sobre la tramitación del expediente.
Rocío Gómez, exconcejal de Urbanismo
La concejal de Urbanismo presentó su renuncia tras hacerse pública su condición de adjudicataria de una vivienda protegida en la promoción. El alcalde explicó que Gómez se incorporó a la cooperativa promotora en 2018, cinco años antes de entrar en política municipal, y que la licencia de obras se concedió en 2022, antes de que asumiera el cargo.
La concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, anuncia su dimisión
Según la información trasladada por el Ayuntamiento, Gómez no intervino en ninguna decisión relacionada con el expediente. Aun así, la edil decidió apartarse para facilitar el desarrollo de la investigación, después de aportar toda la documentación requerida y encontrarse de baja por maternidad.
La exdirectora general municipal
La primera dimisión vinculada al caso fue la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento. Dos de sus hijos y un sobrino figuran entre los adjudicatarios de las viviendas. María Pérez-Hickman negó haber influido en el proceso, pero renunció a su cargo tras conocerse los hechos.
Su salida del organigrama municipal marcó el inicio de las consecuencias políticas del caso y reforzó la decisión del alcalde de abrir una investigación interna.
El Ayuntamiento de Alicante
El Consistorio ha iniciado un expediente informativo que se tramita con carácter urgente para aclarar cómo se desarrolló el proceso de adjudicación y si se cumplieron todas las garantías. El Ayuntamiento insiste en que su objetivo es responder a todas las preguntas que se han planteado y adoptar las decisiones que correspondan en función de las conclusiones.
Además, el alcalde ha defendido la necesidad de revisar la normativa vigente para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar procesos más claros en el acceso a la vivienda protegida.
El respaldo de Génova
La dirección nacional del PP ha mostrado su apoyo al alcalde de Alicante. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha expresado su confianza en la actuación de Barcala y ha destacado la determinación con la que la Alcaldía está abordando la situación. Este respaldo supone el primer pronunciamiento explícito de Génova desde que se conocieron los hechos.
La reacción de la Generalitat Valenciana
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha aclarado que la Generalitat no interviene en la adjudicación de este tipo de promociones privadas de VPP. Según ha explicado, la Administración autonómica se limita a comprobar que las viviendas cumplen los parámetros legales y que los compradores reúnen los requisitos exigidos, como ingresos máximos y ausencia de otra vivienda en propiedad.
Un informe emitido por la Dirección Territorial de Vivienda concluye que los adjudicatarios cumplen esos requisitos. No obstante, Camarero ha anunciado un segundo análisis exhaustivo de los expedientes para verificar la veracidad de los datos aportados, a raíz de la información conocida en los últimos días.
Al respecto, la Generalitat ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario por un visado del expediente de adjudicación. Esta decisión se debe a haber tenido conocimiento que el funcionario es cónyuge de una de las solicitantes de VPP, así como a que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
La promoción Les Naus
El residencial Les Naus se levanta en La Condomina, en Playa de San Juan, a aproximadamente un kilómetro del mar. La promoción cuenta con 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios y dispone de zonas comunes como piscina, gimnasio y áreas deportivas. Se asienta sobre una parcela municipal adjudicada en 2022 a una cooperativa privada.
Imagen de la urbanización
La combinación de su ubicación, las características del complejo y el hecho de tratarse de la única promoción pública en veinte años ha convertido esta operación en un asunto de alto impacto político.
La reacción de la oposición
De este modo, el caso ha dado ya el salto al ámbito judicial. El PSOE y Sumar han llevado la adjudicación de las viviendas a la Justicia. Los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que aprecian hasta cinco posibles delitos: prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la Administración; estafa; y fraude de ley con relevancia penal. La denuncia se dirige contra la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal; el administrador de la gestora de la promoción y los miembros de la Junta de Gobierno Local. La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha afirmado que «el Gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general» y ha añadido que «lo que estamos viviendo es un escándalo» en una ciudad con más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. Sumar ha anunciado igualmente acciones ante la Fiscalía.
Por su parte, Vox, socio del PP en el Ayuntamiento, ha respaldado la dimisión de la edil de Urbanismo, pero ha reclamado que la investigación continúe sin excepciones. La portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha señalado que «desde Vox entendemos que ha hecho lo que debía hacer para proteger el nombre del Ayuntamiento, institución de todos los alicantinos», aunque ha advertido de que «este hecho no debe suavizar ni limitar de ninguna manera esa investigación para aclarar si alguna de las personas señaladas y también las que pudieran señalarse, se han beneficiado personalmente de cargos públicos». Los de Abascal han subrayado además que «es nuestra responsabilidad el trabajar por y para los alicantinos y no para nosotros mismos» y que esa responsabilidad incluye «el proteger los bienes públicos ante fraude de cualquier tipo».
