Dimite la concejal de Urbanismo de Alicante tras confirmarse que fue beneficiaria de una vivienda pública

La concejaldde Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado en la tarde de este viernes que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. La edil se encuentra actualmente de baja por maternidad.

La decisión se produce en el marco de la investigación abierta por el Consistorio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de una promoción de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan, una polémica adelantada este jueves por El Debate y que ya ha tenido consecuencias políticas dentro del Gobierno municipal.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una vivienda protegida, de la que era la cooperativista número 18. Según ha explicado el Ayuntamiento, la concejal ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso «sin interferencias de ningún tipo», tras haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida y teniendo en cuenta su situación de baja por maternidad.

La promoción bajo investigación

La promoción investigada es una urbanización de 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, con piscina, gimnasio, club social y varias instalaciones deportivas, construida sobre un suelo municipal que fue previamente enajenado. Se trata de la primera promoción pública ejecutada en Alicante en dos décadas, en un contexto de fuerte tensión por la falta de vivienda y el elevado precio del mercado inmobiliario.

Casi cuatro años después, al menos una autoridad municipal, los dos hijos de una directora general del Ayuntamiento y un arquitecto municipal del área de Urbanismo figuran como propietarios de cuatro viviendas de esta promoción. Todas constan en el Registro de la Propiedad con la «calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública».

En el caso de la responsable de Urbanismo, consta la adquisición de «una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo» de una vivienda situada en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados de superficie útil, cuya otra mitad pertenece a su pareja en idénticas condiciones. La vivienda fue «adquirida por adjudicación en escritura otorgada el 4 de septiembre de 2025» e inscrita el 24 de octubre de ese mismo año. El lote incluye una plaza de garaje y un trastero y supera ligeramente los 200.000 euros. Viviendas de similares características en el mercado libre duplican actualmente ese precio en zonas equivalentes de la ciudad.

Expediente de averiguación de hechos

Ante la sospecha de que personas vinculadas al Ayuntamiento pudieran haber sido beneficiadas en el proceso, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos, cuyo máximo responsable es el secretario de la Corporación. El regidor aseguró: «Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente».

Barcala explicó además que fue él mismo quien solicitó la apertura del expediente y se comprometió a informar a la ciudadanía «con todo detalle» de los avances, recabando información de las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación.

Más dimisiones y cargos afectados

La polémica ya se había cobrado otra dimisión. Este viernes también ha dejado su puesto María Pérez-Hickman, hasta ahora directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, cuyos dos hijos adquirieron dos pisos contiguos en la misma promoción en el verano de 2025, por importes de entre 200.000 y 230.000 euros. Pérez-Hickman ejerció como secretaria del órgano técnico municipal en el proceso público de venta de la parcela cuando era responsable del área de Contratación.

Además, figura como beneficiario de otra de las viviendas Francisco Nieto, arquitecto municipal del área de Urbanismo, que adquirió un piso de 80,66 metros cuadrados por un importe inferior a los 200.000 euros. El técnico se encuentra inmerso en una instrucción penal abierta en 2024 que sigue en curso.

El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación mientras continúa el análisis de la adjudicación de estas viviendas públicas y de los posibles vínculos de otros cooperativistas con la Administración local.