Multas de hasta 30.000 euros: qué dice la Ley sobre las irregularidades para lograr una Vivienda de Protección Pública

Las irregularidades en el acceso a una Vivienda de Protección Pública (VPP) pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros, además de sanciones administrativas adicionales como la pérdida de beneficios fiscales o la descalificación del inmueble. Así lo establece la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, una norma que ha vuelto al primer plano tras el escándalo por la adjudicación de una promoción pública en Alicante y la dimisión del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez.

El caso ha puesto bajo el foco todo el sistema de control de la vivienda protegida. La ley autonómica, actualizada por última vez en mayo de 2025, tipifica como infracciones leves, graves y muy graves distintas conductas relacionadas con la adjudicación, uso y transmisión de estas viviendas, con sanciones que oscilan entre los 150 y los 30.000 euros.

Entre las infracciones más severas se encuentra el acceso a una VPP superando los límites de ingresos permitidos. En la actualidad, el umbral general está situado en torno a los 55.000 euros anuales por unidad familiar, al equivaler a 6,5 veces el Iprem. Superar ese límite y aun así resultar adjudicatario está considerado una infracción muy grave.

También se sitúan en ese nivel máximo de gravedad otras actuaciones como falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones o documentos exigidos, no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada durante más de tres meses sin causa justificada. En todos estos supuestos, la sanción económica puede situarse entre los 3.000 y los 30.000 euros.

Sanciones más allá de la multa

La ley valenciana no se limita a imponer multas. En el caso de infracciones graves o muy graves, contempla sanciones adicionales de gran impacto. Una de ellas es la descalificación de la vivienda como protegida, lo que implica la pérdida de los beneficios tributarios obtenidos y la obligación de devolverlos con los intereses legales correspondientes.

Esa descalificación conlleva además una limitación relevante: durante diez años, la vivienda no podrá venderse ni alquilarse por encima de los precios máximos establecidos para las VPP. La norma también prevé, en determinados casos, la pérdida y devolución de las ayudas económicas percibidas, incrementadas igualmente con intereses legales.

No todas las infracciones recaen necesariamente sobre los propietarios. La ley incluye entre las conductas muy graves el incumplimiento por parte de los organismos y funcionarios públicos de las obligaciones contenidas en los procedimientos de adquisición preferente. En estos casos, las responsabilidades se depurarían conforme al régimen disciplinario aplicable.

Una promoción bajo investigación

Este marco legal es el que se aplica ahora al análisis de la promoción de 134 viviendas de protección pública construida en Playa de San Juan, sobre suelo municipal previamente enajenado. Se trata de la primera promoción pública ejecutada en Alicante en dos décadas, en un momento de fuerte tensión por la falta de vivienda y los elevados precios del mercado libre.

Las viviendas, de tres y cuatro dormitorios y con zonas comunes como piscina o gimnasio, se adjudicaron por precios ligeramente superiores a los 200.000 euros, mientras que inmuebles de características similares en el mercado libre duplican actualmente esa cifra. Casi cuatro años después, varias de esas viviendas figuran a nombre de personas con vínculos directos con el Ayuntamiento.

Entre los adjudicatarios se encuentra la propia concejal de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez, que adquirió junto a su pareja una vivienda de 89,39 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, formalizada en septiembre de 2025. También constan los dos hijos de una directora general del Ayuntamiento y un arquitecto municipal del área de Urbanismo.

Dimisiones y revisión de expedientes

La polémica ha tenido ya consecuencias políticas. La concejal de Urbanismo anunció este viernes su renuncia al cargo, alegando su voluntad de que la investigación municipal continúe «sin interferencias de ningún tipo», tras haber aportado toda la documentación requerida y encontrándose de baja por maternidad. Esa dimisión se sumó a la de María Pérez-Hickman, directora general de Recursos Humanos, después de conocerse que sus dos hijos adquirieron dos pisos contiguos en la misma promoción.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ordenó la apertura de un expediente de averiguación de hechos, bajo la responsabilidad del secretario de la Corporación, y aseguró: «Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente».

En paralelo, la Generalitat Valenciana ha anunciado una revisión completa de la documentación de la promoción. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha confirmado que se revisarán «todos y cada uno de los expedientes» para comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos y que no ha habido «manipulación» en el proceso.

De forma paralela, el caso ya ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción. Sumar ha registrado una denuncia para que se investigue si el procedimiento de adjudicación respetó los requisitos legales, los principios de igualdad y transparencia y la imparcialidad de los órganos intervinientes, y para descartar posibles delitos como tráfico de influencias o prevaricación administrativa. El grupo municipal del PSOE ha anunciado que seguirá el mismo camino. Mientras avanzan las investigaciones, administrativas y penales, la promoción de vivienda protegida de Alicante ha reabierto el debate sobre los controles en este tipo de adjudicaciones y sobre el alcance de las sanciones previstas por la ley para quienes incumplen las normas que rigen el acceso a una VPP.