La Policía encuentra una batería de facturas a nombre de Zapatero por 555.700 € al detenido de Plus Ultra y sospecha que fueron trabajos simulados

El empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, se repartió más de medio millón de euros con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y otras personas después de que el Consejo de Ministros aprobara una inyección de 53 millones de euros de dinero público a la compañía. El Debate publica hoy en exclusiva la cifra exacta de ese reparto económico, que es de 555.700 euros, y detalla cómo ese dinero circuló a través de una sociedad controlada por el empresario detenido y acabó llegando al ex jefe del Ejecutivo mediante facturas profesionales que actualmente están bajo análisis policial.

Este periódico ha tenido acceso a las facturas que Zapatero emitió a Análisis Relevante SL, una mercantil controlada por Julio Martínez y utilizada como sociedad interpuesta dentro del entramado económico que los investigadores están desentrañando. Análisis Relevante fue el vehículo desde el que se canalizaron los pagos al expresidente al tiempo que la propia sociedad facturaba servicios a Plus Ultra. Los documentos acreditan que Zapatero facturó como persona física, dado de alta en el régimen de autónomos, sin utilizar ninguna sociedad propia ni intermediaria distinta.

Las facturas responden a un formato básico. Están emitidas a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyen su DNI, finalizado en 77, en ellas figura una retención del 15 % de IRPF y un 21 % de IVA y se consignan bajo conceptos genéricos de «servicios de consultoría», sin mayor desglose técnico ni memoria explicativa de los trabajos supuestamente realizados. Se trata de documentos fiscales ordinarios, sin anexos ni informes asociados que ahora están siendo analizados por los investigadores para determinar la naturaleza real de los servicios facturados.

Los pagos se concentran en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, aunque el grueso del flujo económico se sitúa entre 2021 y 2022, cuando comenzaron a llevarse a cabo las inyecciones de dinero procedentes del rescate. El montante total es de 555.700 euros corresponde al conjunto de pagos realizados en ese periodo y se repartió entre Martínez, Zapatero y otras personas, según el análisis que manejan los investigadores. La Policía trata ahora de determinar qué trabajos reales justifican esas facturas, si existieron efectivamente los servicios de consultoría reflejados en los documentos o si, por el contrario, se trata de pagos sin contraprestación real, emitidos bajo conceptos genéricos para dar cobertura fiscal a transferencias cuyo motivo último todavía se desconoce. Los agentes están revisando tanto la actividad real de Análisis Relevante como la efectividad de los servicios que el empresario detenido decía prestar a Plus Ultra y, en paralelo, los pagos que esa misma sociedad realizó a terceros, entre ellos el expresidente del Gobierno.

La reunión secreta

Por su parte, Zapatero reconoció públicamente haber cobrado «cantidades» del empresario detenido. Lo hizo en declaraciones a El Mundo, en las que aseguró que esos ingresos correspondían a «consultorías globales» aunque evitó concretar importes. El expresidente defendió entonces que los cobros eran legales y que estaban correctamente declarados. La información que hoy desvela este periódico permite ahora poner cifras exactas a esos pagos y situarlos en el contexto temporal del rescate de Plus Ultra. Este reparto económico se inserta, además, en una relación personal y operativa continuada en el tiempo entre Zapatero y Martínez que El Debate ha venido publicando en exclusiva. Como publicó este periódico, ambos mantuvieron una reunión clandestina en un paraje del monte de El Pardo, una zona sin cobertura telefónica y de acceso restringido, 72 horas antes de que la Policía detuviera al empresario. El encuentro se produjo a primera hora de la mañana y con un dispositivo diseñado para blindar la cita.

El Debate también publicó que Zapatero y Martínez se comunicaban mediante teléfonos móviles de prepago, dispositivos básicos sin conexión a internet que eran rotados periódicamente para evitar dejar rastro digital. Los investigadores consideran que ese sistema de comunicaciones formaba parte de una operativa deliberada de ocultación, mantenida durante meses y destinada a dificultar el seguimiento policial. Además, la vivienda madrileña de Zapatero en Aravaca fue otro de los escenarios clave. Ese inmueble albergó al menos cinco reuniones en las que se abordaron las transferencias de dinero a Venezuela que ahora investiga la Policía. Los encuentros se concentraron en un periodo temporal muy concreto, coincidente con los movimientos financieros que los agentes tratan de reconstruir para determinar el destino final de parte de los fondos del rescate.

A todo ello se suma la confesión que Martínez realizó a Javier de Paz, director adjunto a la presidencia de Telefónica en la que explicó que Zapatero utilizaba aviones de la petrolera estatal PDVSA para viajar a Venezuela sin dejar rastro documental. Según ese testimonio, el expresidente empleaba un sistema indirecto de desplazamiento que le permitía evitar los circuitos ordinarios de control y ocultar la frecuencia real de sus viajes al país caribeño.