Compromís ascendió dos veces al técnico que validó unas Viviendas Públicas donde figuraba su propia unidad familiar

La adjudicación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) del residencial Les Naus, en Playa de San Juan, ha dejado de ser solo un problema municipal para convertirse en un caso con ramificaciones autonómicas. La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario por faltas muy graves a un técnico funcionario que participó directamente en el visado del expediente de adjudicación, después de constatar que era cónyuge de una de las solicitantes y que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte.

La gravedad del caso se ve acentuada por la trayectoria administrativa del funcionario. Durante el Gobierno del Botánico presidido por Ximo Puig, y con Compromís al frente de la Dirección General de Función Pública, el técnico fue ascendido en dos ocasiones mediante comisiones de servicio, un sistema discrecional. Ambos nombramientos le situaron en puestos clave dentro de la Conselleria de Vivienda, desde los que tuvo capacidad directa de supervisión sobre expedientes sensibles como el ahora investigado, según publica Las Provincias.

La actuación del funcionario se produce en un contexto de máxima tensión política en Alicante. La promoción de Les Naus es la primera de vivienda protegida que se ejecuta en la ciudad en veinte años y está ubicada en una de las zonas de mayor valor residencial del municipio. La aparición de cargos públicos y familiares directos entre los adjudicatarios ha provocado ya dos dimisiones, investigaciones internas y el salto del caso a la Fiscalía.

Ascensos bajo el Gobierno del Botánico

El funcionario expedientado es técnico medio de Arquitectura y tenía entre sus funciones comprobar y dar validez a la documentación presentada en los procesos de vivienda protegida. En 2018 obtuvo su primera comisión de servicios para convertirse en jefe de la sección de rehabilitación de la Conselleria de Vivienda, entonces dirigida por Rubén Martínez Dalmau, de Compromís. Ese ascenso coincidió con el inicio del expediente de licencia de la obra de las VPP de Playa de San Juan.

Posteriormente logró una segunda comisión de servicios para ocupar la jefatura del servicio de vivienda y protección oficial en la misma Conselleria. Ambos nombramientos fueron tramitados por la Dirección General de Función Pública durante la etapa en la que estuvo dirigida por Eva Coscollà, hoy concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia.

El conflicto de intereses

La Generalitat ha explicado que la apertura del expediente disciplinario se produce tras tener conocimiento de que el funcionario era cónyuge de una de las solicitantes de las VPP y de que no constaban correctamente los datos de la unidad de convivencia en el expediente. Pese a esa vinculación directa, fue él quien revisó y dio por cumplidos todos los requisitos de la adjudicación.

Como «resultado inicial» de la investigación, la dirección territorial ha advertido de «una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de un técnico funcionario». El informe señala que el empleado «revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo».

Suspensión cautelar

A la vista de estas conclusiones preliminares, la Conselleria de Vivienda ha acordado la incoación del expediente disciplinario y la suspensión cautelar de empleo y sueldo del funcionario mientras se resuelve el procedimiento. La decisión se apoya directamente en el informe de la dirección territorial y en la entidad de los hechos detectados.

El caso añade presión a una crisis política que ya ha tenido consecuencias en el Ayuntamiento de Alicante, donde han dimitido la exconcejal de Urbanismo (PP) y una alta directiva municipal, y donde el alcalde, Luis Barcala, ha anunciado que llevará cualquier indicio de irregularidad ante la Fiscalía. Mientras tanto, la investigación autonómica pone el foco en el papel desempeñado por la Generalitat durante los años del Botánico y en los controles aplicados en la gestión de la vivienda protegida.