Page redobla la presión para recortar el Tajo-Segura y amenaza con acudir de nuevo a los tribunales

El pulso político por el agua se ha reavivado con fuerza. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado el tono de su exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez y ha lanzado un ultimátum: si antes de Navidad no se avanza en la aplicación efectiva de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, su Ejecutivo acudirá nuevamente a los tribunales. La advertencia, formulada durante un foro europeo sobre gestión hídrica, consolida una estrategia que lleva meses fraguándose en Toledo: ejercer toda la presión posible para acelerar el recorte de los envíos de agua hacia el sureste peninsular.

Page no oculta su propósito. Reclama que el Ministerio para la Transición Ecológica culmine de una vez la reglamentación del nuevo régimen de explotación del acueducto y sostiene que Castilla-La Mancha «no esperará indefinidamente». Según sus palabras, el Gobierno autonómico se ha dado de plazo «de aquí a Navidades para intentar que se cumplan las sentencias por las buenas» y, si no, «acudiremos a la ejecución judicial con exigencia de responsabilidades».

En su intervención, el presidente insistió en que la desalación debe sustituir por completo a los trasvases, convencido de que «la desalación no es el futuro, es probablemente el único futuro». Reprochó que durante años «se haya preferido el agua regalada» procedente del Tajo antes que aprovechar la capacidad de las plantas desaladoras, construidas -recordó- «con cientos de millones de euros de fondos europeos». A su juicio, «España, simplemente con que tuviera todas sus desaladoras en funcionamiento, haría innecesario el trasvase del Tajo y seguramente otros tres más».

Una ofensiva técnica y política

El endurecimiento del discurso político en Castilla-La Mancha viene acompañado de una ofensiva técnica. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que el Ejecutivo autonómico está elaborando nuevas propuestas para redefinir el modo en que se transfieren los caudales hacia la cuenca del Segura. En su opinión, ha llegado el momento de «modificar de una vez por todas» las normas que regulan el funcionamiento del acueducto, una exigencia que refleja la voluntad del Gobierno regional de reducir progresivamente la dependencia del trasvase y apostar por la desalación como fuente principal de abastecimiento en el sureste.

Esta postura se sostiene incluso en un contexto hidrológico favorable. Los embalses de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el Tajo-Segura, se mantienen en el Nivel 2, con autorización para transferencias automáticas mensuales de 27 hectómetros cúbicos. Aun así, Gómez advierte que ese margen no debe interpretarse como una garantía de estabilidad: califica la actual abundancia como una situación engañosa y advierte de que el cambio climático puede alterar de forma repentina el escenario. Por ello, defiende que la revisión de la planificación hidrológica no puede demorarse más.

El contraste con el sureste

Mientras la cabecera del Tajo rebasa la mitad de su capacidad, el Segura continúa en mínimos. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica actualizados al 10 de noviembre muestran que la cuenca del Tajo retiene 6.209 hectómetros cúbicos, el 56,16 % de su capacidad total, mientras que el Segura apenas alcanza el 19,74 %, con solo 225 hectómetros cúbicos embalsados. Es decir, mientras el río que da origen al trasvase mantiene reservas holgadas, la cuenca receptora apenas conserva una quinta parte de su agua disponible.

Este desequilibrio alimenta la preocupación en el sureste, donde la agricultura intensiva de Alicante, Murcia y Almería depende del Tajo-Segura para sostener miles de hectáreas de regadío. Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS Levante) se alerta de que el nuevo marco que pretende imponer el Gobierno manchego «golpearía de lleno a la economía, al sector primario y al futuro de miles de familias». La organización advierte de que «no hay suficientes estudios ni medios para conocer el estado real de nuestras aguas subterráneas» y que «lo más grave es que no existen soluciones alternativas al recorte previsto para 2027».

Según SCRATS, el doble impacto que supondría la reducción del trasvase y las limitaciones al uso de aguas subterráneas «pondría en jaque más del 35 % del agua disponible en la cuenca más sedienta de Europa». Los regantes denuncian que se está avanzando hacia un modelo «sin respaldo técnico, ni económico ni social» y recuerdan que el desarrollo del sureste español se ha basado durante décadas en un equilibrio que ahora se ve amenazado.