José Benlloch y María fajardo forman equipo de Gobierno entre PSOE y Compromís en Vila-real, Castellón
Guerra en la izquierda valenciana: imputan a dos concejales de Compromís denunciados por uno del PSOE
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la imputación, ahora denominada investigación, de la edil de Compromís y portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo, y el concejal Santi Cortells. Ambos están citados por un presunto delito de injurias y calumnias contra el exconcejal socialista Javier Serralvo. El caso representa solo un capítulo más en la larga lista de desencuentros entre Compromís y PSPV-PSOE en la localidad castellonense, que en los últimos años ha vivido constantes tensiones políticas. La relevancia del conflicto es aún mayor si se tiene en cuenta que Vila-real es hoy el municipio más importante en toda la Comunidad Valenciana donde ambas formaciones gobiernan juntas, y que este nuevo episodio judicial amenaza con reavivar viejas fracturas.
La investigación surge a raíz de unas declaraciones realizadas en septiembre de 2023, durante las fiestas patronales del municipio castellonense. En esos días, representantes de Compromís publicaron mensajes en redes sociales y participaron en programas radiofónicos en los que aseguraban que Serralvo había intentado huir de un control policial antes de sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta. El concejal socialista, que llevaba más de veinte años en la corporación, negó de forma tajante estas afirmaciones, aunque días después presentó su dimisión por «prudencia».
El siniestro, ocurrido en la carretera de Les Alqueries, le provocó lesiones de diversa consideración y estuvo rodeado de especulaciones sobre un posible positivo en alcoholemia que nunca se ha confirmado. Fue entonces cuando Serralvo decidió acudir a los tribunales, interponiendo una querella que ha desembocado en la citación judicial de Fajardo y Cortells para el próximo 18 de septiembre, según ha adelantado Radio Castellón.
La causa se centra en determinar si existió delito de injurias y calumnias en un contexto político marcado por la hostilidad entre los dos socios de gobierno tras las elecciones municipales de 2023. Para entonces, la relación entre el alcalde socialista, José Benlloch, y la primera teniente de alcalde, Maria Fajardo, ya era abiertamente conflictiva y se manifestaba con enfrentamientos constantes en los plenos.
Tensiones entre PSOE y Compromís
El deterioro de la alianza llevó a una renegociación en julio de 2024, cuando ambas formaciones alcanzaron un acuerdo que implicó la salida de la número dos socialista, Silvia Gómez, y la redistribución de áreas de gestión bajo el denominado Pacte de la Llum. Aun así, las desavenencias no se disiparon. En diciembre de ese mismo año volvieron a enfrentarse por los plazos de aprobación de los presupuestos municipales, un asunto que se convirtió en símbolo de la falta de coordinación interna.
Durante 2025, los choques se intensificaron. En enero, concejales de ambas formaciones reconocían en privado que la situación del Ayuntamiento era «insostenible», en un clima de desconfianza mutua que recordaba a los peores momentos de 2011. En abril, la falta de consenso en torno a los presupuestos volvió a abrir una herida profunda, con los nacionalistas acusando a los socialistas de incumplir los compromisos del pacto de gobierno. Un mes después, la disputa se trasladó a los medios con una guerra de comunicados en la que el PSPV acusaba a Compromís de deslealtad, especialmente a raíz de las insinuaciones de la concejala de Cultura, Dora Saura, quien llegó a asegurar que estaba recibiendo amenazas y dejó entrever que procedían del propio gobierno municipal.
En paralelo, la misma concejala de Compromís había denunciado a su predecesora socialista, Noelia Samblás, por presunto absentismo de un funcionario. Aquella denuncia derivó en una imputación que se mantuvo durante meses y que finalmente fue archivada en septiembre de 2025, cerrando uno de los frentes judiciales más incómodos para el consistorio.
Respuesta de Compromís
Desde el PSPV se ha intentado minimizar el impacto del nuevo caso judicial, presentándolo como un asunto personal en el que un exconcejal ha decidido defenderse como ciudadano particular. Fuentes socialistas aseguran que este proceso no pone en riesgo el pacto de gobierno ni la gestión municipal, aunque reconocen que tal vez faltó diálogo para resolver el problema sin llegar a los tribunales.
Sin embargo, la citación de Fajardo y Cortells ha generado malestar en ámbitos autonómicos y provinciales de Compromís, según ha publicado la Cadena Ser, que ven cómo el episodio compromete el código ético de la coalición y proyecta hacia fuera una imagen de división.
Comparecencia de Sánchez por la dana
En el trasfondo, más allá de las imputaciones, se encuentra un mar de fondo político que ha erosionado de forma constante la relación entre PSPV y Compromís en Vila-real. A ello se suma que los enfrentamientos locales reflejan un patrón que también se repite en otros niveles de la política valenciana. Un ejemplo reciente lo protagonizan la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y la diputada de Compromís Àgueda Micó, enfrentadas en el Congreso a raíz de la comisión de investigación sobre la dana en Valencia.
Mientras Morant acusaba a Compromís de bloquear los trabajos, Micó replicaba que era el PSOE quien impedía avanzar al negarse a aceptar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. La disputa evidencia que las diferencias entre ambas fuerzas no se limitan a Vila-real, sino que forman parte de una relación cada vez más compleja que pone en cuestión su convivencia en las instituciones.
El futuro del pacto de gobierno en Vila-real dependerá de la capacidad de ambas formaciones para contener la tensión y evitar que los tribunales terminen marcando la agenda política. Por ahora, lo cierto es que el caso añade un capítulo más a la enrevesada historia de desencuentros entre socialistas y nacionalistas en la segunda ciudad más poblada de la provincia de Castellón, un municipio clave para medir la viabilidad de sus acuerdos en el conjunto de la Comunidad Valenciana.