La pesadilla de un pueblo de Castellón en el que los okupas han tomado pisos propiedad de la Sareb

Almazora, un municipio de la provincia de Castellón de más de 29.000 habitantes, vive desde hace meses una situación límite a causa del incremento de la okupación ilegal. La tranquilidad habitual de esta localidad se ha visto alterada por una oleada de allanamientos en distintos puntos del casco urbano y en urbanizaciones periféricas, generando un clima de tensión entre los vecinos que, día tras día, conviven con inmuebles tomados por la fuerza y problemas de convivencia derivados de ello.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la Policía Local ha realizado 81 intervenciones en materia de okupación en lo que va de año, entre enero y septiembre. Estas actuaciones incluyen la instrucción de diligencias por usurpación, la ejecución de órdenes de lanzamiento, labores de vigilancia intensiva en inmuebles conflictivos, mediaciones entre propietarios y ocupantes, y la tramitación de denuncias administrativas. Detrás de cada número, insisten desde el Consistorio, hay historias de vecinos que han visto alterada su vida cotidiana y su sensación de seguridad.

El aumento de los casos ha llevado al Ayuntamiento a reforzar su coordinación con la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el «banco malo», una entidad creada por el Gobierno para asumir los pisos de las antiguas entidades financieras que se convirtieron en activos tóxicos tras la crisis de 2008. Muchos de estos inmuebles acabaron en manos de la Sareb y hoy, en localidades como Almazora, se han convertido en epicentros de okupación y foco de problemas sociales y de seguridad.

El pasado miércoles 8 de octubre, la alcaldesa popular María Tormo y la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, mantuvieron una reunión telemática con el gerente de Relaciones Institucionales de la Sareb, Eduardo Longo, y otros representantes de la entidad, con el objetivo de avanzar en la cooperación y coordinación para frenar la okupación ilegal en viviendas de titularidad estatal. También participaron en el encuentro el intendente de la Policía Local de Almassora, José Alós, y el teniente de la Guardia Civil del municipio, Francisco José Barros, quienes aportaron información sobre la situación actual y las zonas más afectadas.

Durante la reunión se analizaron diversos casos concretos, algunos de ellos especialmente problemáticos por tratarse de viviendas sin conexión a suministros básicos como agua o luz, lo que incrementa el riesgo sanitario y de incendios. La alcaldesa reclamó a la Sareb el desalojo de los inmuebles que no cumplen con las condiciones de seguridad exigibles y pidió que se aceleren los trámites para recuperar la posesión legal de las viviendas ocupadas.

Tormo insistió en que «la cooperación institucional es esencial para actuar con eficacia, identificar los inmuebles afectados y coordinar las intervenciones, aunque la legislación actual limite las competencias municipales». La regidora lamentó que la okupación ilegal siga siendo una realidad difícil de combatir, y recalcó que «no se puede mirar hacia otro lado mientras la convivencia vecinal se deteriora por completo».

Nueve de dieciséis pisos okupados

Uno de los focos más graves de conflictividad se encuentra en la Avenida Castellón, donde un edificio de 16 viviendas refleja a la perfección el problema que atraviesa Almassora. De los 16 pisos del bloque, nueve están ocupados ilegalmente, cinco pertenecen a propietarios de larga residencia y dos a inquilinos recientes. Los vecinos denuncian que los okupas trafican con drogas, portan armas y han convertido uno de los pisos en un burdel, además de haber protagonizado agresiones y amenazas contra los propietarios legítimos. Desde el Ayuntamiento han confirmado que estas denuncias se repiten desde hace más de dos años, y que el edificio en cuestión figura entre las propiedades de la Sareb.

El Consistorio reconoce la «difícil situación» que viven los residentes, muchos de los cuales han acudido a la Unidad de Información Antiokupación, un servicio municipal que funciona desde hace un año y que atiende a los vecinos todos los jueves, de 13:00 a 14:00 horas, en la planta baja del Ayuntamiento. Esta oficina ofrece asesoramiento legal, apoyo psicológico y orientación administrativa a quienes se ven afectados por la okupación o temen ser víctimas de un intento de allanamiento.

En paralelo, la Policía Local continúa desplegando dispositivos de vigilancia en las zonas más conflictivas, especialmente en los barrios donde se concentran más denuncias. Estas patrullas actúan tanto de día como de noche para prevenir nuevos intentos de usurpación y mantener la seguridad de los vecinos. La colaboración con la Guardia Civil también se ha intensificado, con un intercambio constante de información y la apertura de diligencias conjuntas en casos de especial gravedad.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la clave pasa por reforzar la cooperación con la Sareb, agilizar los procesos judiciales y dotar a los municipios de herramientas legales más eficaces para actuar. «Queremos que Almassora vuelva a ser un lugar tranquilo, donde las familias puedan vivir sin miedo a que su casa sea tomada o a convivir con focos de delincuencia», afirmó Tormo al término de la reunión.

Mientras tanto, los vecinos de las zonas más afectadas viven con la esperanza de que las medidas acordadas comiencen a dar resultados. La Sareb se ha comprometido a revisar caso por caso los inmuebles de su propiedad y a reforzar la comunicación con el Ayuntamiento para evitar que los pisos vacíos acaben en manos de ocupantes ilegales.