Las claves del plan de Vox para frenar a los okupas que triunfa en una capital española

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en una de las grandes preocupaciones ciudadanas en buena parte de España. Lo que antes parecía un fenómeno aislado, vinculado a zonas urbanas muy concretas, se ha extendido en los últimos años hasta alcanzar municipios de tamaño medio e incluso localidades de menor población. Castellón no es ajena a esta tendencia. De hecho, la provincia ha experimentado un aumento de intentos de okupación, con Burriana y Almazora como puntos calientes durante este verano, y con la capital, Castellón de la Plana, sumando ya doce intentos frustrados desde marzo, como ha confirmado el Consistorio a El Debate.

En la ronda Mijares se vivió el episodio más reciente, cuando la Policía Local consiguió evitar la entrada en un bajo gracias al aviso inmediato de los vecinos. La rápida actuación policial, apoyada en la vigilancia ciudadana, logró garantizar la seguridad del inmueble y evitar perjuicios tanto al propietario como a la comunidad de residentes. Este modelo de colaboración ha demostrado ser fundamental en un contexto en el que las cifras no dejan de crecer.

Los agentes destacan que no existe un patrón único de actuación por parte de los ocupantes. En algunos casos se trata de viviendas vacías desde hace meses, en otros de bajos comerciales sin uso, y en ocasiones de inmuebles propiedad de entidades financieras. Esto obliga a la Policía Local a mantener un dispositivo flexible, donde las unidades de Proximidad y la Policía de Barrio han cobrado un papel central. El concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, señala que «este tipo de actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la protección de los derechos de los vecinos y la defensa de la legalidad. Trabajamos cada día para aumentar la seguridad de nuestros vecinos y actuaremos siempre con firmeza y dentro de la legalidad».

Colaboración vecinal, la pieza clave

La colaboración ciudadana es, según el propio edil, la pieza clave para que estas intervenciones puedan realizarse con éxito. «La importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra las ocupaciones ilegales, subrayando que la implicación de los vecinos resulta esencial para que la Policía Local pueda actuar con rapidez y eficacia», subraya Ortolá. Una rapidez que marca la diferencia entre un intento frustrado y un caso consolidado, mucho más difícil de resolver. «Gracias a estas actuaciones inmediatas, se logra frenar el intento de ocupación antes de que llegue a consolidarse, evitando así conflictos posteriores y problemas de convivencia en las comunidades afectadas».

Los propios efectivos policiales reconocen que el marco legal actual dificulta la intervención una vez que los okupantes ya han accedido a la vivienda. Por ello, el concejal insiste en que «debido a la actual normativa, una vez consumada la ocupación las posibilidades de intervención se ven gravemente limitadas, lo que dificulta la defensa de los legítimos propietarios». De ahí que las autoridades municipales insistan en la necesidad de avisar ante cualquier indicio, desde cerraduras forzadas hasta movimientos sospechosos en viviendas vacías.

Los tres pilares fundamentales del plan

El plan diseñado desde la concejalía de Seguridad se basa en tres pilares. El primero, la actuación inmediata. La coordinación entre asociaciones de vecinos, administradores de fincas y la Policía de Barrio ha permitido que, en cuestión de horas, se aborten okupaciones en lugares tan dispares como bajos comerciales en el distrito oeste o viviendas en el entorno de la estación. «Es un sistema que requiere rapidez y coordinación, pero que funciona. En los últimos cuatro meses hemos conseguido evitar siete okupaciones ilegales gracias a este mecanismo, y vamos a seguir insistiendo en su importancia», apunta Ortolá.

El segundo eje es la prevención. La Policía asesora a propietarios sobre sistemas de seguridad como puertas antiokupa, alarmas o cámaras, pero también incide en la importancia de la vigilancia comunitaria, recordando que la alerta temprana suele ser la mejor barrera. El tercer eje se centra en los casos ya consolidados. Aquí entran en juego medidas más complejas, desde la revisión de contratos y empadronamientos hasta la colaboración con compañías suministradoras para cortar la luz y el agua cuando no hay pagos en regla. En paralelo, se realiza un seguimiento de la titularidad de los inmuebles, que en ocasiones pertenecen a entidades financieras o fondos de inversión con los que el Ayuntamiento mantiene un diálogo constante para reforzar la seguridad de sus propiedades vacías.

El balance de estos meses refleja que desde abril se han frustrado doce intentos en la capital. Una cifra significativa que, según el Equipo de Gobierno, confirma que la estrategia aplicada está dando resultados, aunque no oculta que la magnitud del problema requiere cambios a nivel legislativo. Ortolá sostiene que «las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al okupa. Nosotros trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para combatir el problema».

El concejal añade que «cuando Vox llegue al Gobierno de España, una de las primeras medidas que haremos será cambiar de manera inmediata esta legislación nefasta, para garantizar la defensa de la propiedad privada y acabar con el privilegio del okupa. Mientras tanto, allí donde Vox ya gobierna, se ponen en marcha todos los mecanismos posibles para plantar cara a esta lacra y proteger a los vecinos. Castellón es una prueba de ello con un mecanismo que está dando buen resultado».

En su diagnóstico político, Ortolá también destaca el perfil de algunos okupantes: «Un patrón que suele repetirse es que muchos de los okupas son de nacionalidad extranjera, lo que confirma lo que siempre hemos defendido desde Vox, que la inmigración ilegal masiva trae consigo un aumento de la delincuencia». Y concluye con que «se trata de la consecuencia directa de unas políticas nefastas a nivel nacional, impulsadas por el gobierno de Sánchez, cuyas decisiones son sufridas cada día por los municipios y por los vecinos honrados».