Mazón anuncia un impulso a su política de vivienda de «acción total» con bajada de impuestos, lucha contra la okupación y menos burocracia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado este miércoles lo que ha denominado un «impulso» a la política en materia de vivienda «de acción total» que lleva a cabo se Gobierno. Lo ha hecho en un acto solemne en el Salón de Corts del Palau y en el que tanto el jefe del Consell como representantes del ámbito universitario, entidades financieras, asociaciones, colegios e institutos profesionales, así como de las Cámaras de Comercio de la región han firmado el Acuerdo por la Vivienda, enmarcado dentro del Plan Vive.

Con un presupuesto de más de mil millones de euros, esta iniciativa busca la construcción, ya en parte licitada o levantándose, de 10.000 inmuebles protegidos. Para los primeros resultados que ya se van cosechando, el Ejecutivo valenciano bajó un 25 % el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), lo que ha permitido beneficiarse a «28.500 jóvenes y personas con más dificultades para poder tener acceso a la vivienda», según ha recordado Mazón.

En este sentido, la nueva fase del Plan Vive contará antes de que termine al año con una nueva rebaja fiscal en el ITP, que en esta ocasión será «lineal, para todos, del 10 %», ha señalado el mandatario: «Bajar impuestos funciona si se hace bien, adecuadamente y si trata de incentivar una función social. Bajando impuestos no solo se puede recaudar más, sino mejor y de manera productiva y no confiscatoria», ha defendido.

Del mismo modo, antes de que finalice 2025 el Consell aprobará «un nuevo decreto del parque público de vivienda». El articulado de dicho texto estará pensado para que «regule su gestión y mantenimiento» desde un contexto «que garantice la seguridad jurídica con una normativa coherente y justa que no actúe como barrera, que evite la okupación y fomente el acceso a la vivienda asequible». A todo ello, la Generalitat le sumará una política en la que los trámites «no sean eternos» porque la Administración «está ahí para ayudar y no crear problemas».

La vivienda, «una prioridad»

Además, el dirigente ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada y de la necesidad de contar con unos mecanismos de financiación «adecuados». Así, y incidiendo en que para el Consell que él mismo lidera la «vivienda es una prioridad», Mazón ha abogado por una «planificación territorial inteligente y sostenible» en la que haya «instrumentos normativos para reactivar y generar nuevo suelo urbanizable» que, a su vez, derive en «ampliar la oferta de vivienda pública y de acceso asequible» previa «modernización del sector de la construcción» y «consolidar un marco fiscal sostenible».

«Renovamos nuestro compromiso con la vivienda protegida. Cada proyecto es el reflejo de personas, organizaciones y empresas que trabajan por mejorar la vida de otras», ha señalado el presidente regional tras avanzar que creará un «distintivo de vivienda para todas las empresas que apuesten por la vivienda con objetivos concretos y tangibles».

Mazón también ha puesto sobre la mesa el panorama heredado tras los ocho años en que estuvieron en el poder el PSV-PSOE de Ximo Puig, Compromís y Unidas Podemos, estos últimos con competencia en vivienda la pasada legislatura. «En julio de 2023 la situación era crítica», ha indicando, remarcando que había «subida de precios tanto para la compra como para el alquiler, una oferta claramente insuficiente y una política de incentivos inexistente».

El acto sobre el Acuerdo por la Vivienda lo ha inaugurado la vicepresidenta primera del Gobierno autonómico y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero: «Todos juntos trabajando», ha señalado, aludiendo a que se trata de una cuestión «central para los ciudadanos» porque tener una vivienda «no es un privilegio», sino «una necesidad para construir un futuro». «Hoy, demasiadas personas viven con la incertidumbre de no poder acceder a una vivienda digna», ha lamentado, apuntando como causas de ello la inflación, el precio o la «okupación e inquiokupación».

En términos generales, durante el evento se ha hecho énfasis en la importancia de la colaboración justamente el día después de que Sumar, que firma parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pidiera la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y que la ésta dijera que iba a intervenir el mercado inmobiliario.

«No tenemos más tiempo»

En el Palau también ha tomado la palabra el director de la cátedra de Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Fernando Cos-Gayón, que ha hablado en representación de todos los colectivos presentes y firmantes del pacto. En su discurso, ha apuntado que el escenario es «terrible» y ha advertido de que «no va a ir a mejor». «Hay que buscar soluciones. Estamos cansados de soluciones adanistas que se planean a espaldas del sector», ha dicho, reclamando un «pacto de Estado» que sea fruto de la "generosidad”.

Finalmente, ha alabado la gestión de Mazón y su equipo en materia de vivienda y su actitud de «colaboración» con los profesionales del ramo, su apuesta por «desregular» y su oposición a la okupación: «Lo más fácil sería que hubiera una ley que impidiera que a un propietario le okupen la casa», ha recomendado, si bien ha matizado que lo ve como algo «imposible en la sociedad polarizada occidental en la que estamos». Y ha concluido con la misma contundencia: «No tenemos más tiempo. Esto va muy deprisa».