«Mira qué móviles llevan a costa de Pedro Sánchez»: la mofa sobre las pagas en uno de los barrios más pobres de España

La secuencia dura apenas unos segundos, pero ha bastado para incendiar las redes. En ella, varios vecinos de la Zona Norte de Alicante ríen, enseñan sus móviles de alta gama y lanzan una frase que ha llamado la atención de miles de espectadores: «Mira qué móviles llevan, a costa de Pedro Sánchez». Entre aplausos y vítores, algunos exhiben relojes y anillos de oro mientras presumen de cobrar el Ingreso Mínimo Vital.

El vídeo, grabado en los barrios de Juan XXIII y Colonia Requena durante un reportaje del programa Espejo Público de Antena 3, muestra una escena que muchos en la ciudad conocen bien, aunque pocos se atreven a contar: la de una zona empobrecida, con altos índices de delincuencia, tráfico de drogas y economía sumergida, donde las ayudas sociales conviven con la ostentación y la impunidad.

Una brecha económica y social

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los barrios del norte de la ciudad, registran una renta bruta media de 16.868 euros anuales, frente a los 30.218 euros del conjunto de Alicante. La diferencia es más que una cifra: son dos realidades opuestas separadas por apenas unos kilómetros.

En Juan XXIII y Colonia Requena, el empleo estable es una rareza. Las ayudas del Estado y la compraventa informal sustentan buena parte de la economía local. Vecinos del barrio reconocen a El Debate que el tráfico de drogas está «profundamente arraigado» y que muchos vecinos combinan prestaciones sociales con actividades ilegales o no declaradas. «Hace falta trabajo», repiten algunos residentes, pero entre la precariedad y la picaresca, el barrio se mueve en una zona gris donde la supervivencia manda.

Del abandono urbano al mercado negro

Las calles del norte de Alicante presentan un deterioro visible: bloques de viviendas con fachadas ennegrecidas, portales sin luz, escombros y basura acumulada. Las quejas de los vecinos de toda la vida son constantes, pero las soluciones no llegan. «Queremos vivir tranquilos, pagando nuestro alquiler, nuestra luz, pero que el barrio esté en orden», dice una vecina.

Sin embargo, no siempre fue así. Cuando se construyeron los barrios de Juan XXIII y Colonia Requena, en los años sesenta y setenta, eran zonas humildes pero tranquilas, habitadas por familias trabajadoras que llegaron desde distintos puntos de España en busca de oportunidades. Con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años, el barrio ha cambiado su fisonomía: la llegada masiva de inmigración magrebí y el abandono institucional han transformado por completo el entorno. Lo que un día fue un conjunto de vecindarios obreros se ha convertido en un espacio degradado, donde la tranquilidad dio paso a la inseguridad y al deterioro social.

Sin embargo, mientras la mayoría reclama mejoras, otros hacen negocio del caos. La venta de droga al menudeo es un secreto a voces. En algunas esquinas, el trasiego de coches y jóvenes no pasa desapercibido. La presencia policial es intermitente, y el sentimiento de impunidad, constante.

Violencia y miedo

Tal y como ha informado El Debate este miércoles, un nuevo suceso ha sacudido el vecindario: la detención de tres argelinos acusados de torturar y violar a una mujer durante una semana en una vivienda del barrio de Juan XXIII. Sin embargo, los residentes de la zona lamentan que no sea un hecho anecdótico en un barrio marcado por la delincuencia.

Los vecinos denuncian que la violencia y los delitos graves son cada vez más frecuentes. Robos, peleas, ajustes de cuentas. En paralelo, la convivencia se resquebraja. «Aquí hay gente buena, gente mala y de todo. Yo soy de las buenas si me tratan bien, pero si me tocan ya me meto entre los malos», aseguraba una vecina entrevistada en el reportaje de Antena 3.

Las ayudas que no integran

Mientras tanto, el Gobierno celebra los resultados de sus políticas sociales. Según los últimos datos de Moncloa, 2,4 millones de personas cobraron en octubre el Ingreso Mínimo Vital, que sostiene a 773.272 hogares, de los cuales el 40 % son menores de edad.

En teoría, la prestación busca reducir la exclusión social. En la práctica, en estos barrios no ha logrado revertir la marginalidad ni frenar el fraude. «Aquí hay quien cobra la paga y sigue vendiendo droga», admiten varios vecinos a este periódico, conscientes de que las ayudas se han convertido, para algunos, en un complemento más dentro de la economía sumergida.