La Generalitat de Salvador Illa paga 10.000 euros al hermano de Ximo Puig para el fomento del catalán en la Comunidad Valenciana

El Gobierno catalán que preside el socialista Salvador Illa ha aprobado una subvención de 10.000 euros para la empresa del hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. El objeto de esta ayuda pública es el fomento y la promoción de la lengua catalana en la Comunidad Valenciana.

De este modo, el Govern es la única administración pública que sigue destinando partidas a la empresa Comunicacions del Ports, de la que es socio Francis Puig junto a Juan Enrique Adell Bover, ambos procesados y a la espera de que comience el juicio oral por los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental a la hora de cobrar ayudas públicas.

En esta ocasión, los 10.000 euros se otorgan a la mercantil de Puig y Adell Bover con el objetivo de que la compañía fomente, impulse y defienda la transición tecnológica «del espacio catalán de comunicación para empresas privadas titulares o arrendatarias de licencias para la prestación de servicios de radio o televisión, en catalán o en aranés», tal como adelanta Las Provincias. Este aporte de la Generalitat de Cataluña a alguna sociedad de Francis Puig no es el primero, puesto que a finales de 2024 ya le otorgó 21.000 euros.

En cuanto al proceso judicial, ambos socios se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados, una vez el juez instructor el pasado mes de octubre dio por cerrada la investigación y abrió juicio oral contra los dos empresarios. En ese mismo escrito, el magistrado, además, fijó para Francis Puig una fianza de 147.000 euros y de casi 100.000 para su socio Adell Bover. De esas cantidades, tal y como recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports S.A. y Canal Maestrat S.L

El auto que les envía a juicio ya no puede ser recurrido en ninguna instancia superior, con lo que tendrá que ser la Audiencia Provincial de Valencia la encargada de la vista. Cabe destacar que el juez excluyó expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral, ya que la supuesta defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros.