Imagen de una protesta de entidades sociales y víctimas de la dana en Valencia.
Las asociaciones de víctimas de la dana exigen a Pérez Llorca que reclame el acta de Mazón antes de cualquier reunión
Los afectados acusan al anterior Consell de ocultar información clave durante la emergencia y piden ceses, transparencia inmediata y plena colaboración judicial
Dos de las principales asociaciones de afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 han elevado la presión sobre el nuevo Consell. La Associació Víctimes de la dana 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29 O han pedido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que exija a Carlos Mazón la renuncia a su acta de diputado. Solo entonces valorarán reunirse con él.
La petición llega tras la difusión de los mensajes de WhatsApp que intercambiaron la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el expresidente Mazón y el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante la jornada de la dana. Pradas, imputada en la causa, entregó esas conversaciones a la jueza que investiga la gestión de la emergencia.
Entre los mensajes figura el aviso de la exconsellera a Mazón de que «preocupa» el barranco del Poyo, a lo que el expresidente respondió: «Cojonudo». En otro texto enviado a Cuenca a las 16:28 horas, Pradas comunicó que habían sido informados de un fallecido en Utiel.
Los colectivos sostienen que estos intercambios contradicen el relato oficial. Se preguntan si desde el Consell «dejaron morir» a sus familiares y reclaman a Pérez Llorca «medidas políticas y transparencia inmediata». La primera, remarcan, es pedir el acta de Mazón. «Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión».
Las asociaciones también piden romper con lo que consideran un año de defensa cerrada de la gestión anterior. A su juicio, «nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten».
Ceses y un giro en el discurso
Las entidades reclaman la retirada de confianza a quienes defendieron públicamente aquella versión. Entre las personas señaladas se encuentran la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira, y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.
También exigen que el Consell colabore sin reservas con la investigación judicial y que todos los cargos citados entreguen documentación, dispositivos y registros que permitan reconstruir la cadena de decisiones del 29 de octubre.
«Absolutamente indignadas»
Las asociaciones aseguran que las conversaciones les han dejado «absolutamente indignadas». Consideran que prueban que «sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses». Afirman que no son sospechas sino «pruebas documentales» que exigen explicaciones inmediatas.
También subrayan que los mensajes muestran avisos simultáneos sobre el aumento de caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, así como la declaración de alerta hidrológica, lo que contradice la supuesta falta de información previa. Y añaden que las instrucciones de calma o de no confinar retrasaron avisos masivos a la población, algo que consideran «potencialmente letal».
Las asociaciones concluyen que Mazón «estaba al tanto de la gravedad» antes de entrar en el restaurante El Ventorro y que fue avisado de rescates en marcha, de la alerta activa y de la primera víctima mortal antes de las 17:00 horas. Acusan al anterior Consell de haberles «engañado durante un año» y califican lo ocurrido como «una infamia» hacia las personas fallecidas y sus familias.