Pérez Llorca pide a Sánchez «respeto a las personas que llevan toda su vida» en las casas que va a derribar el Gobierno

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado al Gobierno de España «al diálogo» respecto a las viviendas de Guardamar del Segura que el Ejecutivo central quiere derribar «y defender a las personas que viven allí toda su vida». Conforme ha venido informando El Debate, el Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado al derribo las viviendas protegidas por la Ley de Costas valenciana con el aval del Consejo de Estado, que emitió un informe contra la normativa de la Generalitat el mismo día que Pérez Llorca visitó al jefe del Ejecutivo en La Moncloa.

Pérez Llorca también ha anunciado que el proyecto de la segunda Ley de Simplificación Administrativa «será aprobado en el próximo pleno del Consell para empezar cuanto antes su tramitación en les Corts».

Así lo ha subrayado en la conferencia 'Avanzando Juntos' en el Club Información, donde ha reiterado su apuesta por «el dialogo, el respeto y el compromiso» y su empeño por «trabajar para sumar a todos los que quieran mejorar la vida de los alicantinos, castellonenses y valencianos», según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En su intervención, el presidente ha reiterado su compromiso «por seguir avanzando en la revolución fiscal» iniciada por la Generalitat hace dos años y ha destacado que las medidas adoptadas en este ámbito, a la que se sumará la ampliación en un 50% de los límites para las deducciones autonómicas aprobadas en 2023 para las rentas medias y bajas y las deducciones a la música, «significarán un ahorro para los alicantinos de cerca de 28 millones de euros».

Por otro lado, Pérez Llorca ha reivindicado al Gobierno de España la activación inmediata de un Fondo de Nivelación que permita que la Comunidad Valenciana «se sitúe en la media de la financiación del resto de autonomías» y el regreso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria a la 'Mesa por la Financiación Justa'.

La creación urgente de una Comisión Mixta para acelerar la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, y una mayor agilidad en las infraestructuras que necesita la región han sido otras de las principales reivindicaciones

Así, ha reclamado la conexión ferroviaria del Aeropuerto de El Altet a Alicante y Benidorm, la segunda pista de aterrizaje y la modernización de la red de Cercanías.

En materia de vivienda, ha reiterado su petición al presidente del Gobierno para que se sume al Plan Vive, reduzca el IVA en la adquisición de primera vivienda, aumente las ayudas directas o endurezca la normativa contra la ocupación ilegal, entre otras.

El presidente ha enfatizado el impulso de la Generalitat a las viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana con más de 4.000 inmuebles, de los que 2.943 corresponden a la provincia de Alicante con 929 ya en construcción.

Al respecto, ha incidido en la vivienda como una prioridad para el Consell y ha mencionado como otras políticas de apoyo a los jóvenes los avales para la compra de primera vivienda del Instituto Valenciano de Finanzas de los que ha asegurado «se han beneficiado a 7.163 jóvenes alicantinos», además de subrayar la reducción del 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para colectivos vulnerables.

Pérez Llorca ha señalado el compromiso del Consell con la provincia de Alicante frente «al menosprecio de las Administraciones, especialmente la central» y ha destacado la inversión de la Generalitat de 372 millones en 2025 «que ascenderán a 2.314 cuando se completen».

Durante su discurso, el jefe del Consell ha calificado la provincia de Alicante como «la verdadera representación de la diversidad, el dinamismo y el potencial de la Comunidad Valenciana», al tiempo que ha reprochado que sea «la última en inversión estatal per cápita de todo el país a pesar de aportar más de 3.000 millones de euros en impuestos a las arcas estatales».

En el ámbito de la sanidad, ha ratificado su apuesta por la creación de Centros de Atención a Urgencias 24 horas (CAU24) en municipios de más de 50.000 habitantes y ha remarcado que «durante 2026 se pondrán en funcionamiento nueve de ellos en la provincia de Alicante, empezando por dos en Alicante, seguidos por otros en Elche, Benidorm, Elda, Torrevieja, Orihuela, Alcoi y Sant Vicent».

El jefe del Consell ha afeado «la lentitud del Estado» en las infraestructuras que necesita la provincia de Alicante, lo que ha contrapuesto con la labor desarrollada la Generalitat en distintos proyectos «que corrigen el abandono inversor en la provincia durante demasiado tiempo».

De este modo, se ha referido a la nueva Estación Central de Alicante, el E-TRAM de Elche, la nueva conducción de la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó, la depuradora de Algorós, el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja, la conclusión de la Ronda Sur de Elche, la construcción, reforma o ampliación de 38 centros educativos, las obras de mejora en los hospitales de La Vega Baja, la Vila Joiosa, Elche y Doctor Balmis, así como las actuaciones en nueve centros de atención primaria.

Asimismo, ha mencionado los avances en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante y una nueva sede judicial para Villena.

En materia hídrica, ha solicitado compromiso con la defensa del agua, especialmente con el trasvase del Tajo-Segura y el Júcar Vinalopó, además de pedir que se aleje el debate «fuera del cálculo político y se escuche a los agricultores en una Comisión Técnica del Agua». También ha demandado la modernización de los riegos en la cuenca del Tajo y la reparación del Embalse de San Diego.

Además, ha demandado «protección para nuestros sectores productivos frente a la competencia desleal» y ha defendido la industria turística, a la que ha considerado «un sector clave para Alicante y la Comunidad Valenciana que ha de crecer con cabeza, rigor y diálogo».