Almodóbar carga contra el Gobierno por 13 meses de «caos y soberbia» en el registro de viajeros

El senador por Alicante y portavoz de Turismo del Grupo Popular, Agustín Almodóbar, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber necesitado 13 meses para admitir la inviabilidad del sistema de registro de viajeros impuesto al sector turístico mediante el Real Decreto 933/2021. Una norma que, según ha recordado, entró en vigor el 2 de diciembre de 2024 sin contar todavía con la Orden Ministerial que debía desarrollarla.

Almodóbar ha vinculado la reciente rectificación del Ministerio del Interior a la presión sostenida del sector turístico y del Partido Popular, tras más de un año de advertencias que, según el senador, fueron sistemáticamente ignoradas. En su intervención, ha sido especialmente crítico con la forma de legislar del Ejecutivo y con las consecuencias prácticas de la norma para empresas y profesionales.

«Han hecho falta 13 meses para que el Gobierno admita lo que era evidente desde el primer día: que este registro era un despropósito. Trece meses de soberbia, de improvisación y de desprecio al sector turístico», ha afirmado.

El portavoz 'popular' ha subrayado que durante este periodo miles de hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos se han visto obligadas a invertir tiempo, dinero y recursos humanos en la adaptación a un sistema que ahora el propio Gobierno reconoce que debe modificarse. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, sino de la constatación de un error de fondo en el diseño normativo.

«Esto no es una rectificación responsable, es una enmienda a la totalidad de su propia incompetencia. Primero imponen una norma inviable, luego generan un caos administrativo innecesario y, cuando ya no pueden sostenerlo, reculan», ha señalado Almodóbar.

Tras conocerse la apertura del Gobierno a introducir cambios en el registro de viajeros, el senador ha registrado en el Senado un bloque de preguntas dirigidas al Ejecutivo en las que cuestiona tanto el impacto económico de la norma como la ausencia de planificación previa y de diálogo con el sector. Entre ellas, plantea: «¿Cuántos meses de trabajo, inversión y adaptación tecnológica ha hecho perder el Gobierno al sector turístico por implantar el Real Decreto 933/2021 sin un diseño operativo viable?» y «¿Quién asumirá la responsabilidad por el tiempo, dinero y esfuerzos desperdiciados por las empresas turísticas ante un sistema que ahora se reconoce como mal planteado (Real Decreto 933/2021)?».

Las preguntas también inciden en la falta de estudios previos y de consenso con la industria. Almodóbar pregunta «¿Dónde está el informe de impacto sectorial que justifique que el Real Decreto 933/2021 era aplicable sin generar caos operativo?» y «¿Con qué organizaciones del sector turístico se consensuó el Real Decreto 933/2021 antes de su aprobación?». En el mismo sentido, cuestiona si el Gobierno considera «una buena práctica democrática legislar de espaldas a quienes deben aplicar las normas como ha ocurrido con el Real Decreto 933/2021».

El senador 'popular' va más allá y plantea si la necesidad de modificar ahora la norma supone «un reconocimiento implícito de que el Real Decreto 933/2021 no estaba bien diseñado» y si el Ejecutivo admite haber confundido «los fines legítimos de seguridad con una sobrerregulación desproporcionada del sector turístico». También pregunta si esta rectificación será real o «simplemente ante un intento de ganar tiempo sin corregir el fondo del problema».

Almodóbar concluye poniendo el foco en la seguridad jurídica y en la confianza empresarial, al preguntar «¿Cómo puede el sector turístico confiar en la seguridad jurídica de una norma que entra en vigor (Real Decreto 933/2021) y, mas de 13 meses después, el propio Gobierno admite que debe rehacerse?» y si el Ejecutivo piensa «pedir disculpas al sector turístico por la gestión deficiente del proceso regulatorio del Real Decreto 933/2021».

Desde el Grupo Popular sostienen que el caso del registro de viajeros es un ejemplo de legislación improvisada que ha generado inseguridad, costes innecesarios y un desgaste evitable en uno de los sectores estratégicos de la economía española.