La jueza cita a declarar como investigado al teniente de alcalde de Alzira denunciado por acoso a una concejala

La jueza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en la provincia de Valencia, ha citado a declarar el próximo dos de julio al teniente de alcalde de la localidad y portavoz de UCIN, Enrique Montalvá, por presunto acoso a una edil, Mar Chordá, que fue compañera de partido pero expulsada a raíz de la denuncia.

UCIN gobierna en el municipio junto al PSPV-PSOE y Compromís.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la jueza estimase los recursos de reforma interpuestos por Fiscalía y acusación particular contra el sobreseimiento provisional acordado previamente por el órgano judicial y acordase la práctica de diligencias de instrucción consistentes en la ratificación de la denuncia por parte de la denunciante, la declaración del investigado y la declaración de diversos testigos, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La causa se sigue inicialmente por un delito de artículo 173 del Código Penal -relativo a los delitos contra la integridad moral-, sin perjuicio de una calificación distinta en función de lo que determinen las diligencias.

Según fuentes conocedores del caso, la magistrada ha prorrogado hasta julio la instrucción y ha dictado un nuevo calendario de comparecencias en el que, además del concejal investigado, incluye a 13 testigos y a la denunciante.

En concreto, el calendario se iniciará el próximo 26 de febrero, fecha en la que ha sido citada la denunciante, Mar Chordà. Posteriormente, entre los meses de marzo y junio, la jueza tomará declaración a 13 testigos con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en el entorno del Ayuntamiento.

El calendario de diligencias culminará el 2 de julio con la declaración en sede judicial del investigado, el segundo teniente de alcalde Enrique Montalvà.

En una rueda de prensa en Alzira celebrada el pasado 9 de enero, Mar Chordá explicó que, antes de acudir a la vía judicial, «actuó con responsabilidad institucional» e intentó resolver la situación en el ámbito interno, por lo que informó al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez (Compromís), y a la primera teniente de alcalde, Gemma Alós (PSPV), de los hechos.

«Fue una reunión extremadamente breve. No hubo interés ni voluntad de profundizar ni de buscar solución. Fueron fríos. No mostraron preocupación por mi situación personal, sino los intereses políticos, según la percepción que tuve», enfatizó la edil, en alusión a que UCIN tiene la llave en el equipo de gobierno de Alzira formado por Compromís y PSPV.

Chordá lamentó que, «lejos de activarse mecanismos de protección o protocolos de igualdad», fue apartada del gobierno municipal «24 horas después» de la reunión y se le retiraron todas las competencias, una decisión que, según relató, se adoptó con el visto bueno de su partido de entonces y que contribuyó a su «aislamiento político e institucional».

La concejala también denunció que, mientras ella era expulsada del ejecutivo local, «la persona denunciada no solo se mantuvo en el gobierno, sino que asumió nuevas responsabilidades», al tiempo que criticó que se trasladase a la ciudadanía la idea que el caso estaba cerrado cuando, tal como ha señalado, «el procedimiento judicial seguía en marcha, una circunstancia que ahora queda acreditada con la reapertura de la causa». Del mismo modo, Chordá agradeció a Natalia Enguix -quien acompañó a Chordá en la rueda de prensa- que la Diputación de Valencia y Ens Uneix sí abrió las puertas.