Expedientan a un funcionario por el escándalo de las VPP de Alicante: es marido de una solicitante

La Generalitat ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario por un visado del expediente de adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante), tras la polémica surgida en los últimos días por el proceso llevado a cabo en esta promoción. Esta decisión se debe a haber tenido conocimiento que el funcionario es cónyuge de una de las solicitantes de VPP, así como a que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

Así lo trasladan desde el gobierno valenciano en relación a la polémica surgida en los últimos días al conocerse que la que hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal hayan adquirido y tengan escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección.

La Generalitat, «a la vista de las informaciones publicadas en relación con la adjudicación de las viviendas de protección pública de promoción privada por parte de la Cooperativa Les Naus», defiende que está actuando «con rigor y contundencia». Según explican, en primer lugar, la secretaría autonómica de Vivienda solicitó informe a la dirección territorial sobre la adjudicación de las viviendas, tras lo que «el día 30 de enero, a primera hora de la mañana, el secretario territorial adjunto de la dirección territorial de Vivienda de Alicante emitió un informe en el que manifiesta que 'se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación, y en particular los previstos en el citado Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana'».

Seguidamente, «con el objetivo de verificar que toda la información conocida y que el procedimiento hubiera sido el ajustado a la legislación vigente, así como confirmar que no hubiera existido en ningún caso manipulación por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento», la secretaría autonómica de Vivienda solicitó, el mismo 30 de enero, a la dirección territorial «un informe detallado sobre todos y cada uno de los expedientes de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa».

El objetivo del informe, subrayan desde la Generalitat, es «comprobar toda la información acreditada por los técnicos, en un procedimiento que está pautado, revisado e instruido por los técnicos funcionarios de la dirección territorial, sin que ningún cargo político de la Generalitat intervenga en el mismo, dado que se trata de una cuestión administrativa que debe verificar el personal técnico de la administración».

Como «resultado inicial» de la investigación abierta, la dirección territorial ha informado de «una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de un técnico funcionario». Al tener conocimiento de esta situación, la Conselleria de Vivienda ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo a este funcionario público. Una decisión basada en el informe emitido por la dirección territorial, en el que se especifica que este trabajador público «revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo».

«Sin embargo --añaden desde la Generalitat--, y tras la segunda verificación solicitada por la secretaría autonómica, se ha conocido que este funcionario es cónyuge de la solicitante y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia».

Con toda la información que se vaya recabando, la Conselleria actuará «con total contundencia, como ha hecho hasta este momento», y trasladará «inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas».

«NO EXISTE PARTICIPACIÓN ALGUNA DE CARGOS POLÍTICOS»

«Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros --recalcan las mismas fuentes--. Es importante subrayar con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas. Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control».

En concreto, avanzan que, además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las direcciones territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación. «Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones», concluyen.