El Gobierno crea la Comisión Mixta por la dana de Valencia 462 días después de la riada

Además de las 230 víctimas mortales y las pérdidas materiales en forma de casas, infraestructuras, negocios, vehículos y demás que se valoran en miles de millones de euros, en el plano estrictamente político la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 supuso la ruptura prácticamente total de relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.

Durante más un año, los reproches entre ambas administraciones han sido constantes y de ida y vuelta. Así, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez responsabilizaba al de Carlos Mazón, que hasta el 3 de noviembre de 2025 estuvo al frente del Consell, este último hacia lo propio poniendo el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica y, más concretamente, a organismos dependientes suyos, como son la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con su presidente, Miguel Polo, a la cabeza.

En este clima de tensión y crispación continua, lo que más se oía era la bronca, pero también algunas peticiones y reivindicaciones. Una de ellas fue la propuesta de la Generalitat de crear una Comisión Mixta para abordar la ingente tarea de la reconstrucción de Valencia. Para el Gobierno esta iniciativa fue, parafraseando a Óscar Puente, «como el que oye llover», ya fue dando largas y más largas.

Con el cambio en el Palau tras el que Juanfran Pérez Llorca asumió el mando de la Generalitat, la exigencia seguía esperando en los cajones del Palacio de La Moncloa. Tanto es así que, entre las cien medidas que el nuevo mandatario regional le llevó a su reunión en el complejo presidencial se encontraba el mecanismo de colaboración institucional para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.

No es habitual que Sánchez conceda una victoria a la oposición, máxime si es el Partido Popular su interlocutor. Aun con todo, sí accedió a la puesta en marcha de la citada Comisión Mixta. Una única concesión que es mínima, pero es, puesto que se ha tenido que esperar para ello nada más y nada menos que 462 días después de la catástrofe. Por el camino los socios del Ejecutivo han visto como sus peticiones para sostener al líder socialista en el poder se están viendo colmadas en forma, por ejemplo, de traspaso de competencias, financiación singular o regularización masiva de inmigrantes irregulares. Pero Valencia ha tenido que esperar casi 500 jornadas.

Pese a ello, el Gobierno destaca que este paso dado es importante porque supone «un espacio de trabajo compartido y colaborativo, fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas». Más en detalle, el nuevo organismo estará copresidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y por el propio Pérez Llorca.

Funciones de la Comisión Mixta

Además, sus miembros serán «tres representantes de la Administración General del Estado (AGE)» designados por el dirigente canario, siendo uno de ellos «la persona titular del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana», es decir Zulima Pérez. También la integrarán tres personas que designe el presidente de la Generalitat, así como «un representante por cada una de las entidades locales más afectadas del ámbito de la Comunidad Valenciana, que serán el presidente de la Diputación Provincial de Valencia y las personas titulares de las alcaldías de los 75 municipios» de la región «incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre».

Todos ellos desempeñarán las siguientes funciones: «Asegurar la actuación coordinada de las diferentes administraciones para una adecuada evaluación de las necesidades de la población afectada que permita adoptar medidas de forma ágil que beneficien a los damnificados» y «planificar y coordinar las actividades de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por los daños, y la prestación de los servicios necesarios para atender a la población afectada».

Igualmente, deberán «asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de coordinación de la gestión y tramitación de las ayudas concedidas por las distintas administraciones públicas a los damnificados, y proponer la adopción de medidas de impulso y agilización de las ayudas o prestaciones que se puedan otorgar a las personas afectadas». Las últimas tareas serán las de «realizar labores de seguimiento de las medidas adoptadas por las administraciones afectadas» y asumir «las funciones de la Comisión de Coordinación prevista en el artículo 25.2 de la Ley 17/2015, de Protección Civil».