Detenidos dos jóvenes argelinos por robos entre inmigrantes en las colas del Consulado de Argelia en Alicante

Una nueva jornada de colas masivas de inmigrantes ante el Consulado de Argelia en Alicante, motivadas por los trámites para acceder a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, terminó este miércoles con la detención de dos jóvenes argelinos por robos cometidos contra compatriotas que se encontraban en la misma situación administrativa.

La intervención de la Policía Nacional se produjo sobre las diez de la mañana, cuando uno de los agentes desplegados en el dispositivo de seguridad fue requerido por un ciudadano argelino que esperaba en una de las colas. Según relató, había sido agredido el día anterior por otro compatriota y le había sustraído su teléfono móvil.

Según publica Información, tras identificar al presunto autor, un hombre de 29 años, la Policía Nacional procedió a su detención como presunto responsable de un delito de robo con violencia. Sin embargo, el operativo no concluyó ahí. Mientras se desarrollaba el arresto, un tercer inmigrante se dirigió a los agentes para denunciar que el propio denunciante, de 27 años, le había sustraído a principios de enero un teléfono móvil valorado en unos 200 euros, hecho que ya había sido denunciado en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Por ello, la Policía detuvo también al primer denunciante como presunto autor de un delito leve de hurto.

Colapso por los antecedentes penales

El suceso se produce en un contexto de creciente presión sobre consulados y oficinas administrativas, especialmente en Alicante, donde varios centenares de ciudadanos argelinos acuden a diario para firmar poderes y solicitar en su país de origen el certificado de antecedentes penales. Este documento es uno de los requisitos para acogerse al proceso de regularización extraordinaria pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos.

Una regularización sin el Congreso

La medida se articulará mediante una reforma reglamentaria que no pasará por el Congreso de los Diputados. Permitirá conceder un permiso de residencia y trabajo de un año a extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada. Según el Gobierno, «transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería».

Uno de los puntos más controvertidos del proceso es el relativo a los antecedentes penales. El Ejecutivo ha señalado que será requisito «no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público», aunque sin mayor concreción. Dirigentes de Podemos han introducido matices al hablar de cargas penales «relevantes» y de la posibilidad de presentar declaraciones responsables cuando resulte difícil obtener la documentación en el país de origen. Esa dificultad práctica es la que está provocando escenas de colapso como las vividas estos días en el consulado argelino de Alicante y en otras provincias españolas.

Críticas del PP y «efecto llamada»

La regularización ha abierto además un intenso debate político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la iniciativa al considerar que la regularización «masiva» anunciada por el Gobierno, cuya estimación «supera las 800.000 personas», va contra la política migratoria europea y generará un «efecto llamada». «El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso», afirmó, calificando la medida como «una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir».

Tensión sobre el terreno

Mientras el Ejecutivo defiende la urgencia de la reforma para dar salida a la situación administrativa de cientos de miles de personas, episodios como el ocurrido en Alicante evidencian las tensiones que acompañan al proceso: saturación de servicios consulares, conflictos entre los propios solicitantes y una gestión administrativa que, en la práctica, está recayendo en infraestructuras ya desbordadas.